Compartir sería de ayuda

El gobierno ruso se arriesga a jugar con fuego. La primera vacuna contra el coronavirus aprobada por un gobierno nacional se convirtió inmediatamente en blanco de la crítica internacional, debido a la opacidad de los datos publicados sobre la misma y a que la fase 3 de su desarrollo, considerada crucial, recién ha comenzado. Nadie sabe si este “Momento Sputnik” se convertirá para Putin en un “desastre del Challenger”, en caso de que la vacuna resulte no ser tan eficaz o traiga consigo efectos secundarios. Al mismo tiempo, sin embargo, hay países que ya hacen fila para probar la vacuna e implementarla; el presidente filipino Duterte quiere ser el primero en vacunarse y, si la vacuna surtiera el efecto deseado en él, tendría que ser así para el resto del país. También él está apostando por una solución de carácter nacional.

Este “nacionalismo de las vacunas” es un contrapunto de la breve “primavera de la solidaridad” ocurrida cuando, el 4 de mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea convocaron con gran fanfarria a una colecta global para la lucha contra el coronavirus, que logró recaudar la sorprendente suma de 15.9 mil millones de euros. Casi la mitad de dicha cantidad fue aportada por el “Equipo Europa”, es decir, por la Comisión Europea, los países miembros de la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones. El acontecimiento también es digno de recordarse porque Emmanuel Macron y Angela Merkel definieron a la vacuna contra la COVID-19 como un “bien público a nivel global”. Además, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, enfatizó que “los gobiernos y los organismos globales de salud deben actuar de manera conjunta en la lucha contra el coronavirus”.

Todo aquello sonaba como si la palabra “solidaridad” estuviera escrita con letras mayúsculas. En este mismo tenor, la OMS había presentado pocos días antes una ambiciosa estructura, en conjunto con las organizaciones más importantes en materia de salud a escala global, llamada “Acelerador de Acceso a las Herramientas contra la COVID-19” (ACT, por sus siglas en inglés). En el marco de la misma, se busca coordinar y agilizar tanto el desarrollo de vacunas, medicamentos y diagnósticos, como su adquisición y distribución. Con ello, pretende evitarse que se repitan las experiencias vividas durante la pandemia de la influenza AH1N1 en el año 2009: debe impedirse que nuevamente se desarrolle una carrera por el acceso a la vacuna, en la que los países con mayor capacidad de pago tomen la delantera, mientras que los países más pobres deban conformarse con las “sobras humanitarias” provistas por la OMS.

El gobierno estadounidense se retiró de forma temprana de esta alianza aparentemente global, poniendo en marcha un programa nacional de desarrollo de la vacuna para las empresas farmacéuticas de dicho país, que tuvo gran resonancia en la opinión pública. La operación “Warp Speed”, cuyo costo asciende a los 10 mil millones de dólares, deberá desarrollar la vacuna y producir cientos de millones de dosis a más tardar para finales de enero de 2021; primero para cubrir las necesidades al interior de sus fronteras y sólo entonces las del resto del mundo. Sin embargo, Estados Unidos no es el único país que mantiene distancia frente al Acelerador ACT: ni el gobierno ruso con su Sputnik 5, ni el gobierno chino, que a su vez promete desarrollar con éxito su propia vacuna a la brevedad, se han sumado a la iniciativa del Acelerador de la OMS. El distanciamiento de India, por su parte, resulta trascendental, pues el desarrollo de la vacuna de este país es el más importante en el Sur Global.

El corto verano de la solidaridad

La tan cacareada solidaridad global tuvo, pues, una breve duración. Cada anuncio de una nueva vacuna candidata a cumplir las promesas de eficacia, ocasiona que la fachada siga desmoronándose. Y es que cada vez resulta más evidente que las capacidades globales de producción son limitadas y que, probablemente, no sea fácil incrementarlas tan rápido. De este modo ocurrió precisamente lo que la OMS pretendía evitar, pues no sólo el gobierno de Estados Unidos, sino también la “Alianza Inclusiva por la Vacuna” compuesta por Alemania, Francia y Países Bajos, ha cerrado ya sus propios acuerdos con empresas farmacéuticas, que contemplan garantías de compra y volúmenes de suministro de vacunas candidatas que resulten ser eficaces. La Comisión Europea está llevando a cabo las negociaciones con Sanofi-GSK y, si bien polític@s como von der Leyen hacen uso de frases como “nadie está a salvo hasta que lo estemos todos”, cuando de lo que se trata es de salir lo más rápido posible de la crisis social y económica, l@s ciudadan@s de cada país tienen más prioridad que la comunidad mundial.

Bajo estas condiciones, son escasos los avances realizados por la “Instalación COVAX”, el área de vacunas al interior del Acelerador ACT, organizada por la OMS en conjunto con la Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI) y la Comisión para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, ambas por sus siglas en inglés). En el camino hacia una “comunidad global de compra y distribución” de vacunas efectivas contra la COVID-19 todavía hay mucho por hacer. Por el momento, COVAX está enfocada en un portafolio de nueve vacunas candidatas de distintas clases (ADN/ARNm, vectores virales, proteínas); mediante acuerdos con institutos de investigación y compañías que producirán las vacunas en Estados Unidos, Europa, China y Australia, se pretende minimizar el riesgo de haber apostado por el caballo equivocado. Asimismo, esta cooperación a escala multinacional debería propiciar, finalmente, que una vacuna exitosa pueda adquirirse a un precio más bajo que el que los países podrían negociar con l@s productor@s de manera independiente. La experiencia del Fondo Mundial y sus recaudaciones para adquirir medicamentos para combatir el SIDA sienta aquí un precedente importante.

Como muestra de solidaridad global en medio de la crisis ocasionada por la COVID-19, los países con menor poder financiero deberían recibir apoyo de los presupuestos globales y nacionales para el desarrollo con el fin de adquirir la vacuna; para ello, sin embargo, aún se necesitan compromisos económicos vinculantes. Además, entre los 44 países que por lo menos han lanzado señales de su posible contribución a los presupuestos y se han expresado públicamente en este sentido, no se encuentran países financieramente sólidos y con capacidades propias para producir vacunas, como por ejemplo los pesos pesados de la Unión Europea: Francia, Italia y Alemania. No obstante, la Comisión Europea ha dado un paso decisivo a finales de agosto, con la promesa de invertir 400 millones de euros en COVAX por parte del “Equipo Europa”, cantidad que apenas representa un 2.5% de los 16 mil millones destinados a su Coronavirus Global Response.

Tampoco en la Instalación COVAX todos los países serían iguales. El plan para la distribución global de la vacuna contempla, como uno de sus primeros pasos, el suministro simultáneo de la misma al 3% de los habitantes de cada país, cubriendo ante todo a “personas clave imprescindibles”, es decir, al personal de salud, de cuidados y de otras especialidades. Aunado a esto, el plan deberá continuar con el suministro de la vacuna al 20% de la población de cada país, incluyendo ante todo a los grupos de riesgo, tales como a personas de edad avanzada o con padecimientos crónicos. No obstante, los países con capacidad de pago ya tienen asegurado el abastecimiento prioritario de la vacuna, mientras que los países que dependen de los fondos de ayuda tendrán que esperar hasta que la vacuna pueda producirse en cantidades suficientes y exista el dinero para pagarla. En el camino hacia un suministro de la vacuna que abarque a toda la población, las diferencias basadas en la disponibilidad de recursos se hacen cada vez más grandes.

También es incierto si la GAVI será realmente capaz de negociar de manera exitosa con las empresas farmacéuticas. El hecho de que las mismas se encuentren representadas y tengan capacidad de decisión en la junta directiva de la Alianza por la Vacuna ha suscitado grandes críticas desde el comienzo. Las experiencias de las negociaciones en torno al precio y distribución de las vacunas contra el neumococo –proyecto insignia de la GAVI– han despertado dudas: aún después de años no se ha establecido una competencia real en los precios entre los pocos productores de las mismas, cuyas ganancias son enormes.

La Instalación COVAX representa de por sí únicamente un modelo de “solidaridad light”. Medio año después del inicio de la pandemia, ni siquiera este modelo ha encontrado apoyo suficiente a escala global. De hecho, son las rivalidades, así como los reproches mutuos, los que se han intensificado. Por ejemplo, los gobiernos estadounidense y británico acusan a los de Rusia y China de robo de datos relativos al desarrollo de la vacuna. Para los Estados europeos podría resultar cómodo apuntar con el dedo hacia el presidente estadounidense y su política “América primero”; sin embargo, no quieren que se les recuerde que ellos tampoco están cumpliendo con sus propios compromisos. Así, resulta previsible que el modo egoísta en que se está haciendo frente a la pandemia será un obstáculo para encontrar soluciones a largo plazo, también para los países tecnológicamente avanzados. La razón de ello es que las cadenas de producción y distribución, también en el caso de la producción de vacunas, se encuentran globalizadas desde hace mucho tiempo, e incluso países como Estados Unidos dependen de acuerdos comerciales y de distribución seguros. Y aún cuando un país pudiera valerse por sí mismo, los mercados y l@s proveedor@s lo mantendrían atado al mundo exterior. Si existiera una “Isla de los Bienaventurados”, ella también padecería las consecuencias de la recesión global duradera y de una pandemia que continúa avanzando.

A principios de agosto, el Dr. Tedros, director general de la OMS, subrayó nuevamente que es muy probable que nunca haya una “bala de plata”, es decir, una vacuna que sea absolutamente eficaz para todas las personas. Esta es otra razón por la que, en “interés propio e informado” de todos los actores involucrados, resulta crucial centrarse de manera consecuente en la cooperación. El hecho de que el Gobierno Federal de Alemania no se ha comprometido enfáticamente ni con la iniciativa COVAX, ni con el COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) para el aprovechamiento global del conocimiento sobre la salud, muestra qué tan cuestionable es su papel de autoproclamado “campeón mundial de la salud”.

Publicado en alemán en septiembre de 2020.

Traducido por Benjamín Cortés Peralta.