Rosalinda Tablang es directora de la organización contraparte de medico Samahang Operasyong Sagip (SOS), donde también coordina la ayuda de emergencia. A esta red pertenecen aproximadamente una decena de organizaciones, principalmente del sector de la salud, entre las que se encuentran sindicatos, la organización nacional de enfermeras, así como organizaciones de estudiantes de medicina. A lo largo del país, estas se ocupan de la prevención de catástrofes con un enfoque comunitario, así como del acceso a la atención médica, de la ayuda de emergencia y de la reconstrucción durante y después de crisis graves.
medico: En julio, el tifón Gaemi arrasó en tierras filipinas, ocasionando fuertes tormentas, deslizamientos de tierra e inundaciones relámpago, en las que más de 200 mil personas perdieron sus hogares. ¿Cómo brindan ayuda en situaciones como esta?
Rosalinda Tablang: Después de Carina – nombre con el que se le conoce localmente a este tifón – pusimos en marcha la ayuda de emergencia en distintos lugares, como por ejemplo en comunidades marginadas en el área conurbada de Manila, fuertemente afectada por las inundaciones. Nuestros miembros proporcionaron lo más necesario a las familias, distribuyeron paquetes con comida y artículos de higiene personal y se encargaron de los alojamientos de emergencia. Si bien el nivel del agua ha descendido, las consecuencias de las inundaciones pueden percibirse en todos lados. Como suele ocurrir, también en esta ocasión la carga más pesada recae sobre las personas más vulnerables, quienes se encuentran además arrojadas a su suerte. En realidad, siempre llegamos demasiado tarde con la ayuda de emergencia.
¿A qué te refieres con ello?
Nosotrxs disponemos de recursos escasos y en situaciones de emergencia grave primero tenemos que asegurarnos de reunir los recursos financieros y materiales. Nuestro enfoque, sin embargo, da prioridad a la prevención comunitaria de catástrofes para, en la medida de lo posible, evitar que se desarrollen estas situaciones de emergencia. Queremos fortalecer las capacidades de las comunidades para protegerse frente a las catástrofes y sus consecuencias. Aquí, a nivel de las comunidades, se encuentra la primera línea de defensa. No obstante, en vista del incremento de las catástrofes, nuestro trabajo se ve exigido cada vez más por la necesidad de ayuda de emergencia; a su vez, el mismo se ve obstaculizado por los serios problemas de derechos humanos que existen en el país. Las posibilidades que tenemos como red de la sociedad civil para brindar ayuda se reducen cada día más.
Hablemos primero acerca de este incremento de los fenómenos meteorológicos y sus consecuencias catastróficas. Pocos lugares se encuentran tan expuestos a la crisis climática como las islas Filipinas: según Greenpeace, el país se encuentra ya desde hace tiempo en un permanente estado de emergencia climática. ¿Qué consecuencias tiene esto para su trabajo?
Básicamente, tenemos que duplicar nuestros esfuerzos para conseguir recursos materiales y financieros destinados a las comunidades afectadas. Sin embargo, estamos conscientes de que las medidas de ayuda de emergencia no pueden ser el remedio para los problemas, mucho menos mientras la pobreza crónica siga afectando a tantas personas en nuestro país. Hay muchísimas comunidades en una situación de riesgo, que simplemente carecen de los recursos para hacer frente a las catástrofes o para protegerse mejor antes de que estas ocurran. Una gran parte de la población vive con incluso menos de lo mínimo necesario para subsistir. Para estas familias es muy difícil, cuando no imposible, prevenir catástrofes o lidiar con ellas cuando ya están ahí. Esta situación se complica más por el hecho de que muchos programas de gobierno se llevan a cabo a expensas de la seguridad medioambiental y de la protección de la población.
¿Puedes ahondar en esto?
Por ejemplo, la extracción de materias primas y los graves daños ocasionados por ella a nuestro medio ambiente y a las personas que ahí viven. En otros lugares, el contubernio entre magnates terratenientes y políticos resulta en la transformación de grandes superficies agrícolas en proyectos privados de vivienda o en zonas industriales, lo cual también tiene consecuencias para la protección frente a catástrofes. El tifón más reciente ocasionó graves inundaciones en la provincia de Bulacan. Es de suponerse que estas no habrían alcanzado tal magnitud si la construcción de un aeropuerto no hubiera obligado a cambiar el uso de grandes superficies agrícolas, lo que modificó a su vez la estructura del suelo y el curso del río. Aunado a esto, muchas comunidades fueron reubicadas debido al proyecto de construcción del aeropuerto. En Filipinas, este es sólo un ejemplo entre muchos otros de proyectos agresivos de desarrollo.
Marcos Junior, hijo del ex dictador, lleva dos años en la presidencia. En sus campañas publicitarias él asegura estar haciendo una política para la gente de a pie y respetando los derechos humanos.
Bajo el gobierno de Marcos, los agresivos y destructivos proyectos de desarrollo siguen adelante. Actualmente se está discutiendo el presupuesto nacional para el próximo año. Una parte considerable del mismo se destinará a la construcción de carreteras y puentes, pues la ampliación de la infraestructura de transporte es proclamada como condición para el desarrollo económico. Sin embargo, hay que preguntarse quién se beneficia realmente de todo esto. Claramente no es la gente de a pie, sino las empresas y consorcios que necesitan esas vías para transportar sus productos, impulsando así la explotación de materias primas. En segundo lugar, la construcción de carreteras es un ámbito extremadamente corrupto, en el que es posible asumir que el 30 por ciento de todo el presupuesto acaba en los bolsillos de los políticos.
El gobierno se jactaba hasta hace poco de haber puesto a disposición aproximadamente 4 mil millones de dólares americanos para 5 mil 500 proyectos para la protección frente a inundaciones. Durante el tifón más reciente, nada de esto se notó y ahora hay investigaciones en curso para saber a dónde fue a parar ese dinero. No obstante, dichas investigaciones no conducen a la rendición de cuentas por parte de los responsables, ni tampoco a emprender transformaciones. El presidente Marcos apela una y otra vez a la irrevocabilidad del cambio climático. Este es ya irrebatible, pero la cuestión de los daños que trae consigo y de si las personas están en condiciones de protegerse frente a fenómenos meteorológicos extremos es de carácter político. La referencia a la irrevocabilidad del cambio climático funciona para el gobierno como una excusa fácil para rehuir su responsabilidad y como una distracción frente a su persistente negligencia política.
¿Cómo puede explicarse la victoria de Marcos Jr. en las elecciones de 2022? Su padre Marcos Ferdinand gobernó en aquel entonces bajo ley marcial, hasta que fue derrocado en 1986 por un amplio movimiento de protesta y obligado a abandonar el país. ¿Se han olvidado ya la corrupción y las violaciones a los derechos humanos de la dinastía Marcos?
Hay varias razones que explican la victoria de Marcos Junior. Poco tiempo después de la caída de su padre, los gobiernos siguientes dieron muchas muestras de indulgencia: tan sólo cinco años después de su huída, se autorizó el regreso de la familia Marcos a Filipinas. Esta volvió pronto, todavía como la familia más poderosa del país y, desde entonces, prepara su regreso al poder. Para ello, resulta muy útil la reescritura sistemática de la historia: de repente, los años de la ley marcial son considerados como la “época dorada”, los proyectos de infraestructura de aquel entonces aparecen en el primer plano, mientras que la opresión y la corrupción sufridas son minimizadas. Todo esto es revisionismo histórico puro que, sin embargo, ha tenido un éxito rotundo. La pregunta sobre si Marcos Jr. realmente triunfó en las elecciones, así como si estas se llevaron a cabo de manera justa, son temas controversiales. Muchxs expertxs hacen referencia a un nivel de participación electoral sospechosamente alto, así como al rápido conteo de votos. Asimismo existen reportes sobre compra de votos, pero también es una realidad que muchas personas creyeron en las promesas de Marcos Jr.
Él prometió, por ejemplo, reducir el precio del kilo de arroz a 20 pesos.
Sí, y hoy el kilo de arroz cuesta 60 pesos. Él prometió muchas cosas. En su primer discurso a la nación, anunció “un mejor mañana” para lxs empleadxs en el sector de la salud y afirmó que se construirían instalaciones para la atención médica básica en todo el país y prometió también la gratuidad de la atención médica para todxs. Él no ha cumplido nada de esto. Según los datos más recientes del Ministerio de Salud, todavía no hay atención médica en 4 de cada 10 comunidades; las cifras más actualizadas de esta misma institución arrojan que en 16,231 de las 42,046 comunidades del país aún no existen estaciones de salud básica. Y hoy en día, las personas tienen que pagar de su propia bolsa por tratamientos médicos incluso en las instituciones públicas o, según sea el caso, prescindir de ellos si es que no se tiene el dinero para pagarlos. Las palabras y los hechos no coinciden.
¿Las personas perciben esta contradicción?
Muchas están desilusionadas, se arrepienten de haber dado su voto a Marcos Jr. y se sienten defraudadas. La cuestión es que él sigue presentándose como un solucionador de problemas pero, en la realidad, hace otra cosa: él y su gobierno arremeten contra todxs aquellxs que se atreven a criticarlo. Para ello utiliza leyes que fueron aprobadas por los gobiernos anteriores. Por ejemplo, la ley antiterrorista de 2020, cuya formulación es tan poco clara que puede usarse para meter en un mismo saco a todas las voces críticas o incómodas, difamarlas e incriminarlas. También existe la ley para el impedimento de la financiación del terrorismo, la cual se usa sobretodo en contra de organizaciones no gubernamentales y personas comprometidas con la ayuda humanitaria, la protección del medio ambiente o de los derechos humanos y que apoyan a comunidades marginadas. Con fundamento en esta ley, por ejemplo, el Consejo Nacional Antiterrorista congeló los fondos del Citizens’ Disaster Response Network, de los Rural Missionaries of the Philippines y de la organización campesina Amihan. Al mismo tiempo, los miembros dirigentes de estas organizaciones son puestos en la mira. Estas leyes funcionan como un arma para atacar a activistas y organizaciones de la sociedad civil, bajo el manto del combate al terrorismo.
Claramente hay una gran distancia entre la crítica al gobierno y el terrorismo. ¿Cómo se establece esta conexión?
Se utiliza la estrategia del “red-tagging”, o de la marca “roja”. Esta estrategia establece la cercanía entre el compromiso crítico de personas u organizaciones con el Partido Comunista de Filipinas o con otros grupos revolucionarios. Con ello, las acusaciones por terrorismo ya no parecen algo tan descabellado. Todos los gobiernos en tiempos recientes han utilizado esta estrategia, con la que cualquier forma de activismo o de compromiso social puede equipararse directamente al terrorismo. Hace algunos años, la “Alliance of Health Workers" fue víctima de ella.
¿En qué medida ha afectado esta estrategia a la Red SOS? ¿Te ha afectado a ti en lo personal?
Nuestro objetivo es apoyar a personas en necesidad. Esto nos pone en una situación en la se nos vigila todo el tiempo y en la que se nos puede tachar de terroristas o incluso acusarnos de apoyar a grupos revolucionarios. Nosotrxs trabajamos muy de cerca con la Citizens’ Disaster Response Network, a la que le congelaron sus fondos con base en acusaciones de este tipo. En este sentido, la amenaza es real y perceptible.
Ustedes brindan ayuda que el Estado le niega a las personas. Si ustedes únicamente brindaran esa ayuda humanitaria y, en todo lo demás, decidieran no alzar la voz, probablemente se encontrarían más segurxs…
Es posible. Pero estamos convencidxs de que la ayuda de emergencia es sólo un apoyo provisional y no puede resolver ningún problema de fondo. Es importante que las comunidades se preparen de manera independiente y con anticipación frente a posibles catástrofes futuras. Y esto choca, entre otras cosas, con los proyectos de desarrollo impulsados por el Estado, como lo describí antes. Parte de nuestro trabajo consiste en dar visibilidad a las demandas políticas de lxs afectadxs y confrontar con ellas a los políticos responsables. Nos negamos a dejarnos someter por el miedo y nos defendemos junto con otras organizaciones de la sociedad civil, utilizando para ello también mecanismos jurídicos. De este modo, llevamos casos de “red-tagging” a la Corte Suprema para refutar las acusaciones, teniendo éxito de vez en cuando. Hace poco, la Corte Suprema falló en favor de una persona que fue tachada de terrorista. Esta decisión nos llena de ánimo, pero los conflictos jurídicos duran mucho tiempo y su resultado es incierto.
¿Qué otros métodos utilizan para protegerse?
Todas las organizaciones se ven forzadas a protegerse lo mejor posible frente a los ataques del Estado. Nosotrxs no somos una excepción. Para ello, resulta necesario fortalecer nuestros vínculos. Las alianzas que actúan unidas brindan protección. Aunado a ello, nos enfocamos en el trabajo de cabildeo, en los movimientos de masas y en las protestas públicas. Seguimos realizando trabajo de concientización, organizando manifestaciones y poniendo en cuestión la ley antiterrorista y otras medidas represivas. Tenemos muchas esperanzas de que los donadores internacionales nos sigan apoyando y, además del apoyo económico, también necesitamos solidaridad política y moral. Esta es muy importante, pues no sólo nos enfrentamos a desafíos condicionados por las catástrofes, sino también a la represión política.
¿Cómo logran seguir adelante en vista de todas estas dificultades?
Lo que me da esperanza son las reacciones de las personas a las que ayudamos: personas excluidas y oprimidas, que no tienen más opción que resolver sus problemas por ellas mismas. Sin embargo, no se comportan como víctimas. Por el contrario, participan activamente y con sus propios recursos en la puesta en marcha de mecanismos de prevención de catástrofes y para afrontar las consecuencias de catástrofes pasadas. Así, cada vez somos más. A pesar de los intentos del gobierno para desacreditarnos, las comunidades con las que trabajamos nos apoyan. Y eso es lo más importante.
Entrevista realizada por Karoline Schaefer y Tim Thiessen