Por Prensa Comunitaria
El año 2023 fue desafiante y rompedor para el futuro rumbo de todo el país. La elección de Bernado Arévalo fue seguida de su toma de posesión y el nombramiento de nuevos cargos políticos se vio masivamente obstaculizado: Existe el llamado "pacto de los corruptos" entre altos cargos del gobierno, en su mayoría de derechas, y personas que ocupan puestos importantes en el sector empresarial. Este "pacto de los corruptos" había conseguido en los últimos años una influencia considerable sobre el sistema político, con la excepción del ejecutivo. Todo indicaba que Guatemala pasaría de una democracia híbrida al autoritarismo.
Sin embargo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado mes de junio, el pueblo guatemalteco votó a favor del partido Movimiento Semilla de Arévalo, que había pasado casi desapercibido hasta entonces, dando paso así a un cambio de poder. En la segunda vuelta de las elecciones del pasado agosto, los guatemaltecos votaron claramente por Semilla como nuevo partido gobernante. El Pacto de los Corruptos tomó diversas medidas para impedir la toma de posesión del nuevo gobierno. Sorprendente e impresionantemente, las autoridades indígenas, las comunidades y las asambleas de vecinos decidieron tomar las calles. Las protestas masivas que siguieron paralizaron el país durante un mes. El cuasi golpe de Estado se evitó gracias a un levantamiento sin precedentes de la población.
Democracia desde abajo
El proceso de regresión autoritaria había avanzado significativamente en Guatemala. Además de las elecciones, la criminalización y la persecución política también marcaron el clima del país. Las campañas de terror psicológico contra grupos e individuos organizados políticamente y su persecución legal e intimidación recordaban a las operaciones militares de los tiempos de las dictaduras. En las redes sociales, la difusión de información falsa sobre el partido Semilla y las protestas masivas también provocó una gran incertidumbre.
El conocido periodista José Rubén Zamora, la ex titular de la Comisión Especial contra la Impunidad (FECI) Virginia Laparra y la abogada Claudia González fueron detenidos en 2022, antes incluso de que comenzara la campaña electoral. El hecho de que voces críticas fueran encarceladas incluso antes de las elecciones presidenciales provocó una profunda indignación y expresiones de solidaridad entre la población. Sin embargo, continuó la persecución y criminalización sistemática de abogados, periodistas y activistas por parte de la fiscalía a cargo de Consuelo Porras. En muy poco tiempo, al menos 45 personas se vieron obligadas a exiliarse y más de diez se enfrentaron a procesos penales.
Más allá de esto, el gobierno de Alejandro Giammattei, que sólo lleva unos días en el poder, se ha desacreditado a sí mismo con una corrupción evidente. Especialmente llamativa: la malversación del presupuesto destinado a la vacunación COVID-19. Según estimaciones del Ministerio de Salud (MSPAS), entre 10.000 y 11.000 personas murieron a causa del virus.
La indignación y el maltrato de los guatemaltecos se reflejaron entonces en las urnas: el partido Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo y la vicecandidata Karin Herrera obtuvieron el 58% de los votos, mientras que Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y parte del Pacto de los Corruptos, fue castigada con sólo el 36,9% de los sufragios.
Persistencia y cambio
Tras este resultado, la fiscalía lanzó una campaña ilegal de persecución contra Arévalo, Herrera y su partido. Se utilizó el repertorio tecnocrático de la burocracia para intentar impedir el cambio de poder. Los procedimientos de ilegalización del partido contra Semilla o la reexaminación de los resultados electorales con argumentos poco sólidos fueron algunas de estas medidas. Los movimientos sociales, sobre todo las comunidades indígenas, no dejaron pasar este hecho y respondieron con protestas pacíficas, festivas y casi lúdicas en todo el país, permitiendo que Semilla, que se traduce como la semilla de la esperanza, brotara. El punto álgido de la protesta fue la huelga nacional indefinida con bloqueos en todo el país, que comenzó el 2 de octubre y llevaba más de 100 días al cierre de este texto.
En el transcurso de las protestas, grupos indígenas instalaron tres campamentos de resistencia: Dos de ellos a pocas calles del Congreso de la República y otro, aún existente, frente a la sede del Ministerio Público, en el centro de Ciudad de Guatemala. Las protestas continuarán hasta el 14 de enero para conseguir el retorno a la democracia y la investidura de Arévalo y Herrera. Además, se ha exigido la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana, por considerarlos corresponsables del golpe de Estado.
Nuevo gabinete y grandes expectativas
A corto plazo, la toma de posesión del gobierno de Bernardo Arévalo es un éxito, pero el nuevo gobierno se enfrenta a retos considerables: Fortalecer la democracia en un país cuyas instituciones siguen impregnadas de estructuras de poder ilegales; hacer frente a una burocracia corrupta e ineficiente; abordar los problemas más acuciantes de la sanidad y la educación, desatendidos durante décadas desde el acuerdo de paz de 1996 y asociados a grandes expectativas por parte de la población; establecer la gobernabilidad en un aparato administrativo plagado de intereses contrapuestos e instituciones políticas faccionalizadas.
Evitar así un golpe de Estado permite, sin embargo, un proceso de restauración de la democracia dañada. No obstante, la lucha por el poder continúa dentro de las estructuras del Estado. El Pacto de los Corruptos, por ejemplo, sigue ejerciendo una gran influencia con su mayoría en el Congreso. Los elevados sobornos previos a la investidura pretendían asegurar las mayorías. Por ello, los diputados del Movimiento Semilla tienen que iniciar su mandato sin estatus de facción y en unas relaciones de poder socialmente muy divididas. Importantes cargos del sistema judicial siguen ocupados por quienes intentaron sabotear los resultados electorales por todos los medios. Al mismo tiempo, parte de la comunidad empresarial sigue centrada en mantener sus privilegios dentro del Estado y seguir beneficiándose de los acuerdos relacionados con megaproyectos y la industria extractiva.
En el gabinete, el nuevo gobierno se ve obligado a reunir a distintos grupos debido a la distribución de escaños. Por un lado, tecnócratas, empresarios privados y varios miembros fundadores del Movimiento Semilla, así como ex ministros y asesores de gobiernos anteriores. Por otro lado, tiene un problema de representación, ya que los representantes de las protestas: Los indígenas, los jóvenes y la comunidad LGBTIQ no están incluidos o sus intereses y voces no están representados. La mayoría de los miembros del gabinete tienen conocimientos técnicos, pero poca experiencia política.
Además, Estados Unidos ya ha enviado señales claras al incluir a representantes del gobierno en la lista de actores corruptos y antidemocráticos (lista Engel) y amenazar con sanciones económicas. Estados Unidos ha revocado los visados de más de 100 de los 160 miembros del Parlamento. A pesar de esta presión internacional, con el apoyo de representantes de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, que por su parte han hecho un seguimiento constante del proceso, Arévalo podrá tomar posesión el próximo domingo.
Los indicadores que, sin embargo, enviarían una señal de cambio a corto plazo son la libertad de prensa y de expresión, los mecanismos de protección de los defensores de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Pero también el retorno de los exiliados y la aplicación de los derechos de las comunidades indígenas. Si el nuevo gobierno logra fortalecer la democracia en su propio país, esto también podría tener un impacto en los países vecinos de América Central, donde los regímenes autoritarios, como en Nicaragua o El Salvador, tienen un firme control de la política y la sociedad.
Retos para la sociedad civil y los pueblos indígenas
Tras años de exclusión y persecución, la sociedad civil tiene ahora la oportunidad de consolidarse, ampliar su organización e implementar los derechos humanos y civiles. Será crucial encontrar el equilibrio adecuado entre mantener su propia autonomía frente al gobierno y cooperar con él.
El descontento popular con los gobiernos autoritarios y corruptos ha aumentado la conciencia política, así como la convicción de que la participación y el ejercicio del derecho a la protesta tienen efectos transformadores concretos. Uno de los retos ahora es seguir presionando para que las demandas planteadas se hagan realidad y los intereses de todos los grupos sociales estén representados en el gobierno. La gestión gubernamental de los megaproyectos de infraestructuras que amenazan el medio ambiente y las comunidades locales podría ser una prueba de fuego para ello.
Traducido por Benjamin Cortés
Prensa Comunitaria Kilómetro 169 es un medio independiente guatemalteco que informa desde las perspectivas de los movimientos sociales y desde las comunidades campesionos y indigenas. Con talleres en las comunidades, refuerzan las posiciones de los grupos marginados, especialmente las comunidades indígenas, en el debate público. Medico apoya a Prensa Comunitaria en su trabajo de periodismo comunitario.
