Por Radwa Khaled-Ibrahim
Observo mi mano: no es particularmente grande. Después imagino un pan plano del mismo tamaño que mi mano, reproduciendo en mi mente las imágenes que circularon hace poco desde Egipto, en las que se observa a personas sosteniendo un pan sobre la palma de sus manos. Este es igual de caro que hace unas semanas, pero su tamaño se ha reducido a la mitad. Recuerdo como esas manos extendidas sujetando panes minúsculos se convirtieron en puños elevados al aire hace 11 años, agitándose al ritmo de la consigna “pan, libertad, dignidad”. En árabe, la rima producida por esta consigna habría sonado mejor al poner la palabra “dignidad” al principio; no obstante, la exigencia de pan en primer término fue una decisión premeditada. De hecho, en Egipto se siembran actualmente grandes cantidades de frijoles y algodón para la exportación, pero el trigo tiene que importarse. En tiempos marcados por la guerra en Ucrania y la cancelación de las entregas de insumos, la situación se ha vuelto catastrófica. La pregunta es porqué el suministro básico en países como Egipto, Irak, Argelia, Túnez o Líbano depende tanto de las importaciones, aún cuando estos cuentan con grandes superficies agrícolas. ¿Cómo han podido desarrollarse este tipo de dependencias tan peligrosas?
Ya en enero de 2020, es decir, antes de la guerra de Putin contra Ucrania, los precios de los alimentos habían alcanzado niveles históricos. La razón es la “recuperación” de la demanda en los mercados globales tras su caída debido a la pandemia de COVID-19, a la que se suma el uso creciente de productos agrícolas para la fabricación de biodiésel. Además, las malas cosechas han reducido la oferta de soja proveniente de Sudamérica, del trigo producido en Estados Unidos, Canadá y en la Unión Europea (UE), así como del aceite de palma exportado desde Malasia. Los precios elevados de los insumos de alto consumo energético –particularmente los fertilizantes– y el incremento de los costos de transporte internacional de bienes se están encargando del resto. En vista de esta situación crítica, algunos países han impuesto restricciones a la exportación de productos como trigo, carne de res, aceite de palma o fertilizantes, lo que también contribuye al aumento de los precios. Desde febrero, la unión de pequeñ@s agricultor@s locales en el continente africano, ROPPA Afrique Nourricière, advirtió sobre la amenaza de una crisis alimentaria en el marco de la Cumbre entre la UE y la Unión Africana. Por su parte, el Secretario General de la ONU António Guterres se refirió a la emergencia de un “huracán del hambre”.
Pesadillas de un mundo desarrollado
En muchos países africanos, el cultivo de bienes alimenticios destinados al consumo de la población local se ha reducido durante décadas. En su lugar, la atención se centra ahora en determinados cultivos destinados a la exportación: algodón, frijoles, flores o bayas. Si bien su exportación no genera muchas divisas, al menos reditúa más que la autosuficiencia alimentaria. En ese sentido, contribuyen al Producto Interno Bruto, lo cual resulta favorable para la cooperación con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el curso de la liberalización económica, muchas superficies de cultivo fueron vendidas o arrendadas a inversionistas privad@s, mientras que la especulación se volvió el pan de cada día.
Este desarrollo dio inicio en África ya en los años setenta, en el marco de los programas de ajuste estructural. En aquel entonces los mercados africanos fueron inundados con excedentes agrícolas altamente subvencionados procedentes de Europa, lo que ocasionó que los precios de los alimentos cayeran a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, los productos locales no pudieron competir con estos precios reducidos de manera artificial; los mercados locales fueron destruidos y se crearon dependencias. Desde la primera década de este siglo existe un nuevo mecanismo: los Acuerdos de Asociación Económica (AAE). Los AAE son acuerdos comerciales y de desarrollo entre la UE y Estados en África, en la Región del Caribe y en el Océano Pacífico, los llamados Estados ACP. En teoría estos acuerdos deberían contribuir a una conducción responsable de la política económica; en la práctica son un elemento de una explotación modernizada a escala global, como refleja el caso de los acuerdos entre la UE y los países africanos. Un AAE típico tiene como requisito la apertura de los mercados para prácticamente todos las exportaciones europeas, así como una “cláusula de statu quo”, que obliga a los Estados africanos a congelar los aranceles de importación para productos de la UE. Un tercer componente típico es la “cláusula de nación más favorecida”: esta compromete a los Estados africanos a ofrecer a la UE las mismas tasas arancelarias que mantienen con sus principales socios comerciales, lo cual impide el desarrollo de mercados regionales para pequeñ@s productor@s agrícolas african@s. Los acuerdos llegan al punto de poner trabas al almacenamiento e intercambio de semillas entre dich@s productor@s, lo que l@s arroja a la dependencia con respecto de las empresas transnacionales de semillas.
La ideología de la libertad
“Libre comercio” es un eufemismo para la premisa que sirve de base a estos acuerdos, pues confunde la ausencia de regulación estatal con libertad. La realidad es un comercio salvaje que ignora los estándares de derechos humanos y sirve a las necesidades y a las inversiones de los consorcios internacionales. De este modo, los AAE contribuyen al acaparamiento de tierras: cuanto más rentable se vuelve la producción en el Sur Global, más presión se ejerce sobre el sector agrícola local, lo que conduce a la reorientación de su producción hacia el “consumo global” que, no obstante, sólo sacia el hambre de una minoría. El “libre mercado” establece una competencia entre una gran parte de la población del Sur Global y l@s consumidor@s del Norte Global cuya capacidad de compra es en promedio sesenta veces superior; en los territorios que sufren de hambre o de subalimentación, se acaparan valiosos suelos fértiles en beneficio del uno por ciento de la población. Con ello, la supervivencia de l@s pobres se vuelve, de manera premeditada, enteramente dependiente de la “política de ayuda” internacional.
¿Representa esto una contradicción con la ilusión del “desarrollo”? Todo lo contrario. Los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” de antes y los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” de ahora funcionan como soporte de estos procesos, pues tampoco se establecen como propósito principal la soberanía alimentaria de los países en cuestión, sino su mejor integración a los flujos económicos globales. Las estrategias más recientes de la política alimentaria global siguen considerando a la pequeña agricultura campesina como una práctica ya rebasada; en lugar de ello, desde su perspectiva, los alimentos destinados a los mercados internacionales deben ser producidos por un número limitado de grandes empresas con prácticas intensivas que emplean a poca gente y no en pocas ocasiones están ligadas mediante contratos a consorcios globales de semillas y fertilizantes. Este principio tiene consecuencias devastadoras para el acceso humano a la tierra, al agua y a otros recursos necesarios para la producción local de alimentos.
La guerra como catalizador
La guerra en Ucrania agudiza extraordinariamente todas estas contradicciones. En ella no sólo se produce el hambre y el temor a una hambruna global, sino que también se les utiliza estratégicamente como medio de presión y como materia de negociación; como un “arma” que, tal y como señaló el Vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia Dimitri Medvedev, es “silenciosa, pero peligrosa”. Por ello, se impide zarpar a los buques cargados de grano y los silos se tornan en objetivos militares; los cereales y el aceite de girasol se han convertido en una garantía y cada uno de los bandos –incluyendo al turco– intenta sacar el máximo provecho posible. Las consecuencias serán mortales: puede ser que desde ahora o hasta el invierno; tanto en este pueblo como en aquel barrio de chabolas. La política del FMI para mitigar el hambre a través del Fondo para la Resiliencia y la Sostenibilidad para países vulnerables poco podrá hacer al respecto. La razón es que, junto a las deudas ya existentes y de modo similar al funcionamiento de los AAE, estos fondos van acompañados de programas de ajuste estructural, como por ejemplo la eliminación de subvenciones para alimentos clave. Con esto, el círculo se cierra.
Aún suponiendo que existiera alguna forma de acuerdo o que la guerra en Ucrania hubiera llegado a su fin, la inseguridad alimentaria global sería por lo menos tan grave como ya lo era en enero; esto debido a que es el resultado de una política de décadas, que permite y promueve que incluso los bienes más elementales para la supervivencia sean sometidos a una capitalización absoluta y a la especulación. Asimismo, es el producto de un sistema global que produce desigualdades palpables y destruye los medios de supervivencia. El hambre global es producida: hoy con el bloqueo de buques, a diario con el robo de tierras y la especulación con alimentos; con tratados de libre comercio y ajustes estructurales firmados bajo coerción, así como con otros tantos ingredientes del capitalismo globalizado. ¿Qué hacer? Se necesita urgentemente de la ayuda humanitaria, pero esta debe estar ligada a un proyecto político de transformación. Sólo así podrá conseguir más que repartir escasas migajas de pan que no sacian el hambre de nadie.
Traducción: Benjamín Cortés
Radwa Khaled-Ibrahim es referente de ayuda crítica en el Área de Relaciones Públicas de medico. Además, la politóloga feminista se encarga de la comunicación con donador@s.
