La Revolución de los Topos

Por Mario Neumann y Katja Maurer

La verdad es que en 2019 la organización CODEPU estaba a punto de poner fin a sus actividades y a considerarse a si misma como mero archivo de una larga lucha por la investigación de las violaciones a los derechos humanos, que se consideraba perdida. Pero justo sonó el timbre. Una médica había llegado hasta sus oficinas con una camilla de tratamiento, nos cuenta su director, Raúl Flores, periodista y sobreviviente de la dictadura. A partir de entonces ya nadie pensó en parar y en las salas del archivo la historia volvió a comenzar desde un principio. Flores se sonríe, cuando habla de esos tiempos. En general, este hombre con sus sesenta y tantos años tiene una cara sumamente amable, como todos los que aquí asisten al reencuentro con medico, una organización, con la que algunos ya trabajaron en tiempos de la dictadura militar.

En el Paseo Bulnes, en Santiago de Chile, en el rincón más apartado del quinto piso de un edificio de oficinas, allí se encuentra el modesto espacio de CODEPU. El Paseo Bulnes, que lleva el nombre de un presidente chileno del siglo XIX, es uno de esos boulevards tradicionales para peatones, testigos del auge de las ciudades latinoamericanas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ciudades que no fueron surgiendo durante siglos a partir de pequeñas aldeas y centros de comercio, sino que llevan consigo la modernidad desde su fundación. El Paseo conduce hacia la Moneda, bombardeada con misiles durante el golpe militar de 1973, donde murió Salvador Allende y a la que hará ingreso, pocos días después de nuestra visita a CODEPU, el nuevo presidente electo Gabriel Boric con su gabinete de 14 ministras y 10 ministros.

Cuando la doctora con la camilla tocaba el timbre de CODEPU, en las calles de la capital rugía el „estallido social“, lo que traducido significa algo así como „soziale Explosion“. Durante las semanas de la rebelión contra el gobierno de Piñera que ahora ya terminó y en contra de un neoliberalismo que venía profundizándose desde hace 30 años, se produjeron enfrentamientos de intensidad casi militar entre Carabineros y las y los manifestantes de la Primera Línea. El Paseo era una especie de retaguardia. Desde entonces, la pequeña oficina se transformó en una posta para los heridos de la revuelta, en un centro de consejo legal para los perseguidos jurídicamente, para demandas en contra de Carabineros y en un espacio de primeros auxilios psicosociales. Las abogadas y los abogados de CODEPU imprimían volantes con informaciones detalladas sobre los derechos de los detenidos y las psicólogas y psicólogos de CODEPU organizaban encuentros entre los sobrevivientes de la dictadura y las víctimas de la violencia policial. “Teníamos largas colas en la oficina, de personas que querían querellarse”, relata Raúl Flores. Y de repente el pasado volvía a estar de actualidad. La historia, que se creía perdida, volvía a aparecer como deuda pendiente en el presente, las décadas de trabajo y persistencia se transformaban en infraestructura y en centro de actividades de la lucha por un futuro mejor.

Hoy día CODEPU apoya a unas 200 querellas, entre otras una contra el alto mando de Carabineros – la policía militarizada chilena. A esta, por ejemplo, se la responsabiliza por los traumas oculares severos sufridos por al menos 395 personas por efecto de bombas lacrimógenas y proyectiles de goma. La refundación de Carabineros, su conversión en una policía civil y civilizada, es una de las tareas más importantes del nuevo gobierno y una deuda en términos de la superación de la tradición política de la dictadura, oficialmente abolida, pero nunca realmente acabada. Es justamente la generación joven la que no está dispuesta a seguir tolerándolo. Ya en 2011, en las protestas estudiantiles, cuyos representantes más importantes hoy casi todos forman parte del gobierno, se organizaba una besatón, una maratón de besos bajo los carros lanzaaguas y con la consigna de “no tenemos miedo”. En 2019, la Primera Línea, equipada con máscaras y cascos, desarrollaba una verdadera lucha callejera en contra de la policía, considerada enemigo político. Y con toda razón: porque los carabineros y militares desde ya hace casi 50 años llevan adelante una guerra contra el “enemigo interno”.

Pero ese término no solo designa a la gente de izquierda y la juventud urbana. Algunos de estos “enemigos internos” tienen una tradición de siglos en cuanto a resistencia. A pocos metros de las oficinas de CODEPU, uno se puede hacer una idea de esa enemistad, en el lugar donde se encuentra el Ministerio de Defensa. Del edificio salen hombres y también algunas mujeres de uniforme o en tenida de campaña. Un espectáculo curioso, que no resulta más civilizado por la traducción del título del ministerio a los diversos idiomas de los pueblos indígenas de Chile. En el sur de Chile, estos militares desarrollan una guerra contra los mapuches. De acuerdo a un censo de 2017, uno de cada diez chilenas y chilenos se identifica como parte de este, el mayor grupo indígena del país, en la Araucanía, una región del sur, se trata de más de un tercio. Es allí donde el gobierno de Piñera en octubre de 2021 decretó un estado de excepción militar. Y es aquí también donde el candidato ultraderechista Kast hasta en segunda vuelta logró más del 60% de los votos, más que en cualquiera otra región – lo que no en último término se debe a los numerosos descendientes de colonizadores europeos que viven en esta región.

Una región en estado de excepción

Al arrendar un automóvil en el aeropuerto de Temuco, capital de la Araucanía, nos dicen que tengamos cuidado si va por delante un transporte de madera. Ello, debido a que esta región es terreno extractivista en materia de madera, por lo que los caminos son buenos, pero también abundan los transportes de alto riesgo. Los árboles que aquí se talan son la fuente de enormes ganancias, no solo para las personas que viven aquí. Sin embargo estas tierras de lagos, volcanes y bosques, uno de los paisajes más bellos de Chile, sufren bajo el monocultivo de los bosques para exportación: se gastan el agua y han destruido la diversidad del antiguo bosque nativo. En su lugar, en todas partes se ven esos tristes bosques de eucaliptos, de árboles de hojas colgantes sobre un suelo en el que ya no crece musgo, ni pasto, ni nada. Estas empresas forestales se expandieron aceleradamente bajo la dictadura de Pinochet, siendo subvencionadas por el Estado a partir de mediados los 70. En dos décadas se apropiaron de más de 1,5 millones de hectáreas de tierras. La correspondiente destrucción de la región nos la confirma también el periodista Patricio Melillanca, cofundador del periódico online Mapu-Express.  Nos dice que todo el sur ha sufrido profundos cambios por efecto de las madereras. “Además, gran parte de las riberas de los lagos se ha privatizado para el establecimiento de residencias de lujo. De eso participaron políticos de todos los partidos”, dice Patricio.

Hasta la fecha, los opositores más importantes a este desarrollo son los mapuche, cuya tradición no conoce la propiedad privada y de cuyas tierras se apropiaron las madereras. En otros tiempos, los mapuche se habían resistido con éxito a la colonización española, defendiendo sus territorios al sur del Río Bío Bío. Solo perdieron su autonomía y sus áreas tradicionales de asentamiento con la independencia de Chile de España. Los mapuche fueron gradualmente expulsados de estas áreas, siendo confinados por la sociedad colonial racista en comunidades con carácter de reservaciones. Hasta fines del siglo XIX, casi un millón de ellos fueron asesinados en un auténtico genocidio, casi el 90% de su población. Hasta el día de hoy, los mapuche están exigiendo reparaciones y compensación por estos crímenes coloniales del estado chileno, hasta ahora en gran medida sin éxito.

En el sur de Chile, la larga lucha anticolonial de los mapuche se relaciona hoy día con las grandes cuestiones de la crisis climática y del desafío de adoptar otra forma de vida. Para los mapuche no existe una diferencia significativa entre su propia existencia como pueblo originario y la protección de la naturaleza como su territorio y sustento. Luchan por la naturaleza cuando pelean por su derecho a existir – y viceversa. Esta tradición que propone una vida en armonía con la naturaleza en lugar de su dominación, para muchos chilenos y chilenas en los tiempos de la crisis climática se erige en fuente de inspiración, en lugar de considerarse como un relicto indígena del pasado. Y es a la vez una explicación para el carácter duro e inquebrantable de la lucha de los mapuche por la defensa de su territorio y por reconquistarlo.

No es fácil ubicar a Alberto Curamil. “Donde yo estaba, no había red”, nos dice cuando logramos llegar a su aldea, después de buscarla por horas. Curamil es longko – cargo dirigente mapuche, similar al de un alcalde. Vive en una toma de terreno o, como él diría, en una recuperación de tierras a 60 kilómetros de Temuco. En el sur de Chile, los mapuche tienen cientos de estas recuperaciones de tierras, un movimiento que comenzó aún bajo la dictadura de Pinochet. Su aldea, no reconocida por el estado, se ubica en lo profundo del terreno montañoso cerca del volcán Tolhuaca. Curamil es integrante activo y orgulloso de un renacimiento del movimiento mapuche y se autodefine como luchador de esta autodefensa centenaria. Desde el año 2013, bajo su dirección, se han desarrollado manifestaciones, bloqueos de rutas y ocupaciones de tierras contra la construcción de dos centrales hidroeléctricas, que habrían destruido en gran parte el ecosistema del Río Cautín, exacerbando la sequía. Junto a abogadas y abogados de CIDSUR, una asociación de juristas, que representan a mapuche en diversos asuntos legales, en su mayoría de forma voluntaria, logró finalmente impedir la construcción de estas centrales hidroeléctricas.

Por este logro, en 2019 se le otorgó a Curamil uno de los reconocimiento más importantes del ámbito ecológico, el Premio Goldman. Sin embargo no pudo asistir personalmente a su entrega, ya que estaba en la cárcel. Un año y medio por un “asalto armado”, solo para que al final lo absolvieran de todos los cargos. Hasta la fecha, no ha recibido compensación ni disculpas. Mientras comemos pan con mermelada sentados a la mesa de su cocina y él relata cosas de  su vida bajo persecución policial, la televisión en el fondo muestra imágenes de la guerra en Ucrania y hay periodistas que con mapas de países remotos explican el curso del frente. En el Wallmapu, que es como los mapuche llaman a la región, hay guerra hace mucho tiempo. La esposa de Curamil, Isabel, habla de sus problemas psíquicos. Que toma tranquilizantes porque de noche ya no puede dormir siempre tiene que gritar. La hija mayor ya se fue de la casa, dos hijos siguen viviendo aquí, han crecido en medio del terror de estado contra Alberto y los mapuche.

La historia de Curamil no es un caso aislado. En la Araucanía no solo se lucha por la tierra, sino que los mapuche también se enfrentan a un racismo institucional. Este se expresa en una especie de doble juridicidad, formalmente protegida por el estado de excepción y la legislación antiterrorista. Los montajes en contra de los mapuche son cosa de cada día. La aplicación de las leyes antiterroristas tiene el efecto de aumentar las penas, de modo que las penas de prisión muchas veces son del triple de extensión que en un caso normal. El que durante la pandemia del Covid-19 muchos presos vieron conmutadas sus penas por arresto domiciliario, pero ninguno de ellos mapuche, es solo uno de entre cientos de pinchazos humillantes de trato desigual. Casi a diario nos encontramos en la región con personas que nos relatan la larga historia de sufrimientos de su familia por generaciones y generaciones. Son relatos de criminalización de las luchas anticoloniales.

Es por eso que el cuestionamiento político a la nación chilena por parte de la resistencia mapuche, que en parte asume formas de lucha armada, va mucho más allá del sur. Son muchos los que lo han comprendido hace tiempo. Eso es lo que expresan también las imágenes con la bandera mapuche, que durante el estallido flameaba en todas partes. Son parte de una solidarización conflictuada entre las diversas tradiciones de resistencia del país. Cuando en el estallido social, que comenzó con la protesta de los estudiantes contra un aumento de tarifas del transporte público, en las ciudades se coreaba contra el neoliberalismo imperante la consigna de “No son 30 pesos, son 30 años”, los mapuche respondían que no se trataba de 30 sino de 300 años.

La Región de Valparaíso: Otro capítulo de la lucha por el agua

“El agua es la vida”, había dicho Alberto. Nunca lo hubiéramos encontrado si Lorena Donaire no nos hubiese dado el contacto. “Llevamos adelante la misma lucha”, nos comentó él. Así nos transformamos en personas de su confianza. Lorena es una de las fundadoras de MODATIMA („Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente“), uno de los movimientos sociales más importantes en Chile. Madre de tres hijos, hija de pequeños campesinos que tuvieron que suspender sus labores por falta de agua, ella vive en La Ligua. Esta pequeña ciudad de la región de Valparaíso es el punto de partida de nuestro viaje a la “zona de catástrofe”, esa es la clasificación oficial. También se podría decir: una región que fue sacrificada en aras de las necesidades del mercado mundial.

Esta provincia, que en un tiempo disponía de agua más que suficiente, ha sacrificado sus recursos acuíferos a la industria agroexportadora y la minería. Lorena, que dirige la rama feminista de MODATIMA, nos guía por el pequeño museo provinciano de La Ligua. Las arpilleras hechas a mano, murales tridimensionales hechos de restos de género, nos hablan de la belleza que tuvo la región. La exposición lleva el significativo título de „Memorias del agua“. En las arpilleras, confeccionadas con mucho amor al detalle, hay niños que aprenden a nadar en el río, hay jardines floridos y puentes que atraviesan aguas torrentosas. Así era, pero ya no es así.

En el viaje de La Ligua a Petorca atravesamos puentes con solo rodados debajo. Hace calor y por la falta de agua parece hacer aún más. Lo único verde son las plantaciones de paltas entre los cerros desnudos. Para establecerlas, se removieron todas las capas de suelo y con ellas las plantas resistentes a la sequía y se aplicó una nueva capa de tierra para los paltos. Los frutos, que aquí se producen, cumplen con los requerimientos del mercado mundial; tienen una cáscara gruesa, lo que los hace resistentes para el transporte. Estos aguacates normalmente solo crecen en los trópicos, pero no en el clima seco de Chile. Por kilómetros atravesamos un paisaje seco, que se asemeja a un desierto y donde ya casi nadie vive, porque aquí, aparte de las trabajadoras y los trabajadores de las agroexportadoras ya casi nadie puede vivir. En el camino pasamos por un túnel ferroviario sin iluminación y de una sola vía, que apenas deja pasar un solo auto. Lorena nos cuenta que aquí para el golpe hubo un fusilamiento masivo. Que su tío sobrevivió la masacre como por milagro. La historia y las historias se encuentran aquí muy cerca, una de otra.

Llegamos a Petorca, una capital comunal de 23.000 habitantes, un bar, pero sin cerveza, una piscina para niños, pero sin agua. Antes habíamos visitado los grandes depósitos de agua lejos de los asentamientos humanos, en los que los propietarios de las plantaciones la acumulan. En cambio, en Petorca, muchos hogares ya no tienen agua potable de cañería. Lorena conoce a todos aquí y también nos contactó con el geólogo Vladimir Vicencio. Trabaja en el Departamento de Medio Ambiente de la comuna y se hará cargo próximamente de la Oficina de Aguas de la ciudad. Esta oficina deberá apoyar a las cooperativas de agua, por ejemplo en la construcción de nuevos pozos, que ahora ya no pueden ser de dos, sino que tienen que ser de 17 metros de profundidad. Vladimir estudió en Santiago y uno se pregunta qué es lo que busca en esta comarca reseca. “De niño pasé aquí todos los veranos”, dice. Con sus treinta y tantos años, pertenece a la generación joven estudiantes que en 2011 experimentaba la insurrección. Y así es que también considera que es asunto político el poner sus conocimientos a disposición de esta región y sus habitantes. “Aquí no se trata de una sequía, sino de una distribución injusta del agua”, dice Vladimir. „No es sequia, es saqueo“, esa es también la consigna de MODATIMA, que tal como la bandera mapuche es un símbolo de la revuelta de 2019.

Preguntas cruciales

Aunque el drama del agua sigue invariable desde hace años, fue recién en 2018 que un estudio demostró que no se debe exclusivamente a la sequía climática. La explotación despiadada de los recursos hídricos contribuye significativamente a la sequía y al cambio climático en la región. Los campesinos de la región ya lo sabían hace tiempo; no en vano desde los años de 1990 se otorgaron derechos de agua en volúmenes enormes a unos pocos terratenientes. Cuando se secaron los ríos Ligua y Petorca, se produjo además una sobreexplotación de las aguas subterráneas, la que también fue consecuencia del otorgamiento de derechos de agua a los dueños de las plantaciones. Los recursos acuíferos se concentran en manos de cuatro familias, que son las que dominan el sector agroexportador. El suministro de agua potable a la población se encuentra mayoritariamente a cargo de empresas privadas, las que a su vez apenas se encuentran sometidas a algún control. El agua suministrada, nos dice Vladimir, es de calidad dudosa y las personas de ningún modo reciben las cantidades que les corresponden. En la zona hay escuelas, en las que los alumnos solo tienen dos horas al día para ir a los servicios higiénicos. “Y el estado hace como si no tuviera ninguna responsabilidad ni ingerencia”.

El extractivismo neoliberal y la privatización de los bienes comunitarios, la colonización y expropiación de los mapuche, las violaciones de los derechos humanos de la dictadura y sus órganos sucesores: todas esas son cuestiones que inquietan a Chile desde hace décadas o incluso siglos. En el estallido social todas ellas se volvieron a plantear. El estallido es el suceso político de las últimas décadas y ha creado un espacio político, en el que se abre el horizonte de una verdadera transformación social. Y la denominación de “estallido social” probablemente le resulta más apropiada que las imágenes difundidas por la prensa internacional, que destacaban más que nada la gran participación de la juventud – una imagen cierta, pero igual incompleta. Pero la experiencia de varias generaciones, las décadas de trabajo de topo por parte de las comunidades y activistas, así como el “seguimos” basado en una conciencia histórica, realmente son el bastón de relevo que ahora pudo pasar a manos de una joven generación. Demostración de ello fue, no en último término, la asunción del gobierno de Gabriel Boric, el presidente más joven en la historia del país. La historia y el futuro en cierto modo se superponen: un futuro mejor es inimaginable sin la reparación del pasado. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y sin embargo, el proceso de cambios institucionales será medido con esa vara.

Inmediatamente después de la asunción del nuevo gobierno, la ministra del interior Izkia Siches viajó a la región mapuche. Ya antes ella había anunciado que el estado de excepción iba a ser suspendido. Ahora ella quería reunirse con los padres de Camilo Catrillanca, al que en 2018 un policía le había disparado por la espalda, asesinándolo. Un grupo mapuche recibió a la ministra con disparos de fusil poco amistosos y la comitiva tuvo que emprender una retirada temporal. La reunión se efectuó igual. Casi al mismo tiempo, la Convención que está elaborando la Nueva Constitución aprobó el estado plurinacional como nueva norma. Por primera vez en la historia chilena también pertenecen a esta Convención representantes de los pueblos originarios y de los mapuche, entre ellos Elisa Loncón, la que fue elegida, en un acto lleno de simbolismos, como su primera presidenta. Actualmente en la Convención se debate acerca de cómo se podrían transformar las instituciones políticas del país, abriéndolas para nuevas formas de representación política: la desneoliberalización de la política y la reconquista de lo político, esa es la meta. La Región de Valparaíso constituye un primer intento práctico. Entretanto, MODATIMA, a través de su vocero Rodrigo Mundaca, ha proporcionado el primer gobernador electo de la región, la que también incluye la región seca. Por primera vez, un representante de un movimiento social ocupa un cargo público tan importante.