Por Jana Flörchinger y Moritz Krawinkel
En un cruce muy transitado al sureste de Ciudad Juárez, ubicado entre nuevas construcciones, hoteles, gasolineras y comercios, nos encontramos con un lugar que parece irreal: el memorial “Campo Algodonero”. En 2001, cuando aquí no había más que campo, fueron hallados ocho cuerpos entre las plantas de algodón, pertenecientes a mujeres y niñas entre 15 y 20 años de edad. Muchos años después, se erigió aquí un sitio para la memoria. Un muro rodea el recinto, en cuyo centro se encuentra una placa de piedra empotrada en el suelo que rememora a las mujeres asesinadas. A un costado hay más placas en las que se leen nombres de mujeres, mientras que por todos lados se observan carteles amarillentos que convocan a la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas que, hasta la fecha, no han sido encontradas. Las paredes del memorial están tapizadas con grafitis feministas que expresan denuncia, rabia y duelo. Es un lugar extrañamente inacabado, al mismo tiempo oficial y provisorio. Sobre cruces de maderas pintadas de rosa, se lee una exigencia en tres palabras: “Ni una más”.
Esta ciudad fronteriza en el norte de México, considerada como uno de los centros económicos más importantes del país y ubicada a unos cuantos kilómetros de El Paso Texas, es tristemente célebre desde hace tres décadas: Ciudad Juárez es conocida como una de las ciudades más peligrosas del mundo, dominada por bandas criminales y cárteles de la droga y marcada por una violencia letal contra las mujeres. A inicios de los años noventa, periodistas y activistas sacaron por primera vez a la luz pública una serie de asesinatos cometidos contra mujeres, los llamados feminicidios. Estos crímenes eran al mismo tiempo brutales y sistemáticos: los perpetradores colocaban los cuerpos desfigurados de sus víctimas a la vista de todxs en cruces transitados y otros lugares de acceso público. Así siguió año tras año, repitiéndose cientos, miles de veces. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes, adolescentes o niñas provenientes de contextos económicos precarios.
Violencia y maquila
Desde entonces, la violencia imperante en esta ciudad atrae la atención internacional como si fuera un imán. Existen innumerables publicaciones sobre las “muertas de Juárez”, mientras que la violencia en Ciudad Juárez es también un tema abordado por una serie de Netflix. Sin embargo, la situación poco ha cambiado: en los últimos cinco años, 800 mujeres fueron asesinadas aquí; tan sólo en 2023, la cifra ascendió por encima de 150. La tasa de homicidios de la ciudad es 40 veces más alta que la de Berlín. ¿Cómo es que la violencia se enquistado en esta ciudad de manera tan profunda y aparentemente inexorable?
En compañía de Leobardo Alvarado recorremos la periferia de Ciudad Juárez, en donde fábricas en obra negra, asentamientos desolados, terrenos descampados y entronques conducen a la nada, en la inmensidad del desierto. Alvarado es sociólogo y activista. Con voz ronca, nos cuenta sobre el desarrollo de la ciudad: “Aquí siempre se ha ganado una fortuna con lo que se necesita en Estados Unidos o con lo que está prohibido allá”. Durante la Ley Seca, en Juárez se produjeron cantidades enormes de Whisky, mientras que la ciudad se convirtió en una especie de Las Vegas a la sombra de la frontera y de la ley, con bares, casinos y clubes nocturnos, acompañados de negocios con cuotas de protección y secuestros. A esto se sumó el comercio transfronterizo de drogas y todos sus efectos secundarios que, hasta el día de hoy, le dan forma a la economía de violencia que impera en la ciudad. Pero ante todo, Ciudad Juárez se ha convertido en una extensión del banco de trabajo de Estados Unidos, como explica Alvarado: “En los años sesenta y setenta surgieron las maquilas que transformaron radicalmente esta región, hasta entonces marcadamente campesina”. Las maquilas son fábricas de montaje, en las que al principio se ensamblaban artículos de consumo para satisfacer la demanda creciente en Estados Unidos: automóviles, aparatos domésticos, ropa. A medida que este modelo se expandía, Ciudad Juárez floreció. Por primera vez, muchas personas pudieron pagar una pequeña casa propia o comprarse un auto. En esta época de prosperidad, la ciudad invirtió en infraestructura y en cultura, construyendo modernos museos y teatros. Entonces llegaron los años ochenta y noventa y, con ellos, la globalización neoliberal y el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esto desencadenó un capitalismo completamente desregulado en Ciudad Juárez: “El sistema maquilador actual es una maquinaria de la pobreza”, afirma Alvarado.
Desde lo alto, se abre la vista hacia un paisaje sobrio y gris, compuesto por fábricas de montaje alineadas como si se tratara de una flota de naves espaciales. La mayoría de ellas pertenecen a consorcios transnacionales que han relocalizado ramas de su producción hacia este lugar. Los rayos del sol hacen brillar las letras rojas que adornan la fachada de una nave industrial, en la que se lee: BOSCH. A lo largo de una carretera se construyen actualmente decenas de estas naves industriales, en las que pocos meses más tarde se podrá observar a trabajadorxs pintando autopartes, cosiendo asientos, fabricando equipos médicos y ensamblando refrigeradores. De lxs cerca de 1.5 millones de habitantes de la ciudad, 350 mil trabajan en lugares como estos, mientras que otrxs 400 mil personas dependen indirectamente de la industria. Las jornadas laborales son largas, los salarios bajos; el movimiento contínuo de migrantes desde el sur del país y Centroamérica abarata la mano de obra y la vuelve fácilmente explotable. En vista de la impunidad prevaleciente, los patrones tienen muy poco que temer cuando pasan por alto las medidas de protección sanitaria, cuando impiden la organización sindical o ignoran las normas ambientales.
Una ciudad pulverizada
Aunado a ello, el Estado y la ciudad han reducido a un mínimo las inversiones en infraestructura y política social. Asentamientos completos están desconectados del suministro de agua, hay calles sin pavimentar y sin alumbrado, los autobuses pasan rara vez, mientras que la vida de lxs trabajadorxs está reducida a lo absolutamente básico: trabajo en la fábrica, reproducción en asentamientos lúgubres, entre el consumo y un poco de libertad en los centros comerciales. Los espacios públicos prácticamente ya no existen. Los muros, las vallas y las comunidades cerradas refuerzan la división social. El científico social Héctor Padilla de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez habla de una “ciudad pulverizada, feudal”. ¿Quién puede moverse con seguridad de un lugar hacia otro? ¿Quién cuenta con protección? ¿Quién tiene que ir a pie por caminos oscuros para llegar a una parada de autobuses lejana? Todo esto está distribuido de manera extremadamente desigual. Alvarado afirma que la economía de las fábricas de montaje ha convertido la especulación con el suelo en el negocio más lucrativo para el sector de la construcción, para las empresas transnacionales maquiladoras y para los cárteles de droga que operan allí. Según él, estos son los cárteles más grandes de la ciudad. ¿Qué papel juega el Estado y sus instituciones en todo esto? Ante la pregunta, Alvarado hace un gesto reprobatorio. La infiltración de estas por parte del crimen organizado, en su opinión, es profunda: “Ellas organizan los negocios”, tanto los legales como los ilegales.
¿Qué relación tiene todo esto con la violencia sistemática contra las mujeres? La investigadora feminista Julia Monárrez, que desde los años noventa se dedica al estudio de la violencia específica de género en la frontera, observa una conexión clara. Con el sistema maquilador en su forma neoliberal, afirma, llegaron también los feminicidios: “Una moral de la individualización requiere de la violencia para entorpecer la organización política”. Según ella, la violencia individualiza a la sociedad y “una ciudad compuesta por individuos produce sujetos explotables”. Monárrez sostiene a su vez que estas relaciones violentas en la esfera económica se conectan con una tradición patriarcal profundamente arraigada en la sociedad. Según ella, la economía de la maquila ha socavado doblemente el rol masculino de “proveedor” y “cabeza de familia”: los hombres han caído en una precariedad que sólo puede ser frenada mediante el trabajo asalariado de las mujeres. Muchos hombres interpretan este cuestionamiento de su rol como un ataque doble a su masculinidad. También la antropóloga argentino-brasileña Rita Segato ha abordado el tema de “las mujeres asesinadas de Juárez” de manera profunda. Ella pone énfasis en la existencia de un “mandato de masculinidad”, que exhortaría a los hombres a vindicarse perpetuamente en cuanto tales. Los feminicidios, con la exhibición pública de cadáveres maltratados, constituyen la forma más extrema de esta restauración de la masculinidad.
Todos estos aspectos se entremezclan en Ciudad Juárez con el poder y las disputas entre cárteles. Alvarado se detiene frente a un descampado en medio del desierto, donde se observa una cruz de madera con un moño descolorido, clavada en el suelo arenoso. “Aquí se encontró un cadáver recientemente”, explica. Según él, esto no es ninguna coincidencia: el cuerpo y la cruz marcan un territorio, delimitan el área de acción de un cártel. Según el historiador mexicano Daniel Inclán, esta violencia en apariencia arbitraria cumple con una función de ordenamiento y demuestra control. El cuerpo sin vida de una mujer, abandonado a simple vista en un terreno baldío es la representación más extrema de una política masculina simbólica y de poder.
Nos reunimos con Verónica Corchado para tomar un café en el centro de la ciudad. Hace diez años, ella fundó el Instituto Municipal de las Mujeres para impulsar medidas para prevenir la violencia específica de género. En el instituto, un equipo de psicólogxs, trabajadorxs sociales y abogadxs realiza el acompañamiento de víctimas de violencia intrafamiliar; sus colaboradorxs desarrollan también propuestas para una investigación de género frente a crímenes violentos en contra de mujeres y niñxs. Asimismo, ponen en marcha medidas para el mejoramiento de la seguridad pública. En el centro de la ciudad, lugar en el que se registra el mayor número de desapariciones de mujeres y niñas, se estableció un llamado corredor de seguridad por iniciativa del instituto: planos de la ciudad cuelgan en cruces bien iluminados para ayudar a orientarse, mientras que se da difusión a números de seguridad a los que las mujeres pueden llamar en caso de emergencia. No obstante, las condiciones estructurales no han cambiado en nada. Verónica pone su taza sobre la mesa y toma un poco de aire para mantener la calma. Después, nos cuenta sobre un ataque al instituto: hace cuatro años y en plena luz del día, hombres armados a bordo de una pick-up dispararon con ametralladoras hacia la sede del mismo. ¿La razón de este ataque? Nada tiene que cambiar.
Una buena noticia es que el instituto no está solo. Existen otras personas y movimientos que se resisten e intentan reconquistar el pulverizado espacio urbano en favor de la vida. Una iniciativa organiza mercados callejeros en una plaza considerada como peligrosa en el centro de la ciudad, mientras que otra adquirió una casa para convertirla en un centro social. Artistas de graffiti llevan a cabo acciones de pintas con conciertos en la frontera. Las manifestaciones feministas se ocupan de que, al menos por un momento, las mujeres puedan moverse con seguridad. Muchas de estas iniciativas están relacionadas, directa o indirectamente, con familias que sufrieron el secuestro o el asesinato de sus niñas. Para los movimientos feministas de México y Latinoamérica, las luchas emprendidas por familiares son un referente importante. Con base en el análisis de la violencia en Ciudad Juárez se han desarrollado enfoques para entender la violencia patriarcal y desarrollar contraestrategias. Quizás esto es lo más esperanzador que puede decirse: a partir de la violencia aún surgen intentos para comprender, para oponer resistencia y luchar por una transformación.
Una sentencia histórica
De vuelta al memorial “Campo Algodonero”. Este sitio no tiene su origen en una iniciativa de la administración de Ciudad Juárez, tampoco del gobierno de Chihuahua ni del Estado mexicano. Se trata del resultado de una denuncia interpuesta por los padres y las madres de tres de las mujeres asesinadas aquí, en vista de la falta de resultados por parte de las averiguaciones policiales y la ignorancia de las autoridades. En un sentencia histórica ocurrida en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos constató el proceder discriminatorio contra las mujeres por parte de las autoridades y declaró al Estado mexicano como corresponsable de la tortura, la violencia sexual y el asesinato de mujeres y niñas. El caso se convirtió en un punto de referencia para la resistencia contra los feminicidios. La Corte sentenció al Estado mexicano también a emprender medidas en contra de la violencia persistente, así como a erigir un memorial. Esto último lo cumplió, en aquel sitio irreal entre nuevas construcciones, hoteles y comercios. Por el contrario, la exigencia de un cambio permanece hasta hoy, 15 años después, sin cumplirse.
Traducción: Benjamín Cortés
La violencia omnipresente en México asfixia iniciativas y aísla a lxs afectadxs. Desde hace muchos años, medico apoya a organizaciones que desarollan contraestrategias: a lo largo de las rutas migratorias y en acción por los derechos humanos.