El 20 de marzo de 2021 se cumplen cinco años de la entrada en vigor del Acuerdo UE-Turquía, pactado apenas dos días antes, el 18 de marzo de 2016. Con este acuerdo, la Unión Europea así como los estados europeos miembros perseguían el objetivo de impedir el tránsito de refugiad@s a través del Mar Egeo, al tiempo en que complejos de campamentos fueron instalados en las islas griegas, abarrotados en poco tiempo y en los que hasta hoy predominan condiciones de vida inhumanas, lo que comúnmente se considera una catástrofe humanitaria. A consecuencia de ello, tuvo lugar en las islas una intervención humanitaria sin parangón en el contexto europeo, llevada a cabo tanto por organismos internacionales como ACNUR, como por innumerables organizaciones privadas de ayuda humanitaria. Sin embargo, ni Moria ni los otros campamentos en las islas griegas son resultado de, por así decirlo, catástrofes imprevisibles venidas del exterior, sino más bien de una política de externalización que caracteriza a la política de control migratorio en Europa desde hace treinta años. Y aún un año después de que el viejo campamento Moria en Lesbos fue consumido por el fuego, el complejo Moria se mantiene en pie.
Un sistema de acogida insolidario
Desde hace treinta años, la política de control migratorio de los ministerios del interior europeos persigue un objetivo: en el papel, el derecho de asilo individual, indicado entre otros lugares en el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, permanece inalterado; en los hechos, sin embargo, l@s refugiad@s no tienen acceso a un proceso de asilo integral. También la política de externalización se remonta a los orígenes del Sistema Europeo Común de Asilo. A fines de los años noventa y principios de la primera década de este siglo, los estados miembros de la UE negociaron reglas de asilo a nivel europeo; los conflictos surgieron en torno al llamado Convenio de Dublín, que hasta el día de hoy reglamenta el lugar donde l@s solicitantes de asilo deben continuar con su proceso: si un país no logra obstaculizar la entrada ilegal de personas en busca de asilo a territorio europeo, se convierte en responsable de llevar a cabo el proceso de solicitud de asilo. Ya desde las resoluciones iniciales de dicho convenio, los gobiernos de Italia y Grecia criticaron de manera vehemente este sistema de acogida insolidario; sin embargo debieron aprobar sus reglas, debido a la presión ejercida por los estados centroeuropeos, dominantes en la UE. L@s partidari@s de un riguroso aislamiento fronterizo, provenientes de países como Francia, Gran Bretaña y Alemania, lograron imponerse.
Desde entonces, los estados con fronteras hacia el exterior intentan delegar esta responsabilidad de acogida, que Europa Central ha echado sobre sus hombros, a un tercer país extraeuropeo mediante tratados bilaterales. Esta política de externalización ha tenido enormes impactos en Grecia, debido a que el funcionamiento temporal de acuerdos fronterizos en el Mar Mediterráneo, por ejemplo, entre Italia y Libia, ha ocasionado el desplazamiento cada vez más marcado de las rutas de huida hacia Grecia, principalmente desde fines de la primera década de este siglo. Grecia, país tradicionalmente de emigración, no contaba con una ley de asilo, ni tampoco con un sistema de acogida funcional. A su llegada, l@s refugiad@s eran capturados, en parte de manera arbitraria, y sometidos a condiciones inhumanas de alojamiento. Desde entonces, la isla de Lesbos se encuentra en el centro de la atención. En el campamento Pagani, ubicado ahí, sucedieron incidentes particularmente graves de trato inhumano, también de refugiad@s menores de edad. El gobierno griego cerró el campamento a fines de 2009, tras una huelga de hambre de refugiad@s y la creciente presión de la opinión pública. En los años posteriores, Grecia se mantuvo como uno de los principales países de llegada de refugiad@s que huían a Europa, sin que pueda hablarse de un mejoramiento de las condiciones de acogida. La reacción del gobierno griego frente a ello fue la represión creciente, en forma de brutales repliegues principalmente hacia la región de Evros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y posteriormente también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaron en 2011 que la deportación de solicitantes de asilo hacia Grecia constituía una violación al derecho europeo e internacional.
Diez mil cada semana
La derrota de los levantamientos conocidos en Occidente como “primavera árabe”, la escalación a nivel mundial en regiones bélicas o en crisis, así como la reducción de fondos para el aprovisionamiento material de los campos de refugiad@s en regiones vecinas por la comunidad internacional, contribuyeron a un incremento inédito de los desplazamientos de refugiad@s hacia Europa a partir de 2014-2015. Cada semana, decenas de miles de personas atravesaron Turquía en su huida hacia las islas griegas en el Mar Egeo. El gobierno griego encabezado por el partido izquierdista Syriza, suspendió temporalmente las operaciones de repliegue de la administración anterior; de este modo, más personas lograron arribar a las islas y continuar desde ahí su éxodo hacia Europa Central.
La instalación de campamentos de arresto y reclusión en las islas griegas a partir de 2016 se alinea con una política de externalización de controles migratorios vigente desde hace décadas, en la cual Grecia siempre se ha visto forzada a representar los intereses de los estados miembros centroeuropeos. Acuerdos bilaterales, puntos críticos, así como centros de detención y deportación como los que han sido instalados en Quíos, Cos, Lesbos y Samos a petición de la UE, no representaban instrumentos propiamente nuevos de la política de control migratorio. Y sin embargo, el sistema de campamentos y de privación de derechos en el “complejo Moria” ha alcanzado un nuevo grado de complejidad.
Los centros de registro se vuelven cárceles
La UE y los estados miembros intentaron replicar la a todas luces fracasada política de externalización como respuesta a los movimientos de refugiad@s del 2015. Donald Tusk, en aquel entonces presidente del Consejo de la UE, afirmó que “los días de la inmigración irregular” habrían llegado a su fin. Se alcanzó un acuerdo con Turquía, el país de tránsito más importante, que preveía la expulsión de refugiad@s hacia ese país; a cambio, la UE debía permitir el ingreso exclusivamente de refugiad@s siri@s, en el marco del mecanismo 1x1. Mediante el “Acuerdo UE-Turquía” y el enfoque europeo de puntos críticos, los centros de registro en las islas griegas se convirtieron en cárceles.
Campamentos como los que se erigieron a continuación en las islas griegas han existido (y existen), incluso en una forma parecida, en terceros países fuera de Europa como Mauritania y Túnez. Hasta entonces, la UE había conseguido mantenerlos fuera del territorio europeo; en su ignorancia neocolonial, a la opinión pública europea le interesan poco los campamentos ubicados en regiones geográficas alejadas. El enfoque de los puntos críticos fue un intento, principalmente por parte de los estados centroeuropeos, de lidiar con el problema de la ineficacia e inestabilidad evidentes de la política de externalización. En lugar de acuartelar refugiad@s en campamentos localizados en terceros países, se trataría ahora de detenerlos en las fronteras exteriores de Europa. No obstante, el hecho de que este continente haya establecido un derecho de asilo con los correspondientes estándares de acogida y derechos procesales, representa una diferencia en la cuestión de si un campamento de este tipo se ubica en el Sur Global o en Europa. Por esta razón, los puntos críticos en las islas griegas no son abordados por la política como campamentos en territorio europeo, sino como si estuvieran fuera de él. Si la UE se orientara realmente por los derechos humanos establecidos por ella misma, un sistema de campamentos tal no podría ser mantenido, pues sería completamente inaceptable.
De hecho, l@s refugiad@s y solicitantes de asilo poseen un conjunto de derechos derivados de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados, así como de los lineamientos de la UE en materia de asilo, que se contraponen a las condiciones existentes en las islas y en los campamentos; el problema es que su aplicación resulta casi imposible en términos jurídicos. Para que los derechos sean efectivos, primero hay que reclamarlos; esto requiere de recursos y del acceso a procedimientos legales. Las autoridades griegas han demostrado ser muy hábiles para obstaculizar los procesos de importancia fundamental frente a los tribunales, así como para bloquear el cumplimiento de las demandas exitosas. En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió el proceso de ocho refugiad@s en campamentos de cuatro islas y envió cuestionamientos al gobierno griego en enero de 2021. Si bien esto significa un éxito jurídico parcial, mediante este proceso no resultará posible responsabilizar a la UE por las condiciones que persisten en las islas; Grecia sería una vez más penalizada en calidad de representante. Y aún cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se viera obligado a emitir un juicio sobre las condiciones en los campamentos, el fallo tardaría en llegar tres años. Para entonces, el juicio se referiría a una situación y denunciaría condiciones en campamentos ya inexistentes.
La verdadera pérdida de control
Tras cinco años del “Acuerdo UE-Turquía” y la introducción de los puntos críticos es posible constatar: la política de la externalización ha producido una incompetencia estructural y una irresponsabilidad sistemática de los actores políticos en las islas griegas. No obstante, es necesario señalar las responsabilidades con claridad: la responsabilidad de la UE, que ha puesto en práctica el enfoque de puntos críticos en las islas, actuando de manera directa en el lugar en contubernio con las autoridades europeas de asilo y Frontex; la responsabilidad del gobierno federal de Alemania y otros estados centroeuropeos miembros, que impulsaron de manera decisiva el Acuerdo UE-Turquía y han bloqueado caminos legales para l@s refugiad@s en las islas; la responsabilidad del gobierno griego como responsable del funcionamiento del campamento y que no hace nada para mejorar la condición inhumana en que este se encuentra; y, por último, la responsabilidad de algunas organizaciones privadas de ayuda humanitaria que, mediante un compromiso cuestionable, dan su apoyo al sistema de campamentos en lugar de criticarlo y participar de manera activa en su superación.
A fin de cuentas, ni siquiera se necesita de un argumento basado en los derechos humanos para constatar que el sistema de campamentos y el Acuerdo nunca funcionaron; también desde la perspectiva de actores interesados en el mantenimiento del orden, del control y de una buena administración, tanto el Acuerdo UE-Turquía como los puntos críticos de la UE han resultado ser un fracaso. Pues mientras todos y cada uno de los partidos políticos equiparan el “verano de la migración” con una supuesta pérdida de control, y el lema “el 2015 no puede repetirse” se convierte en un mantra político, es la política de externalización y sus consecuencias desastrosas en las islas griegas lo que representa la verdadera pérdida de control. La narrativa de que en Moria se trataría de una catástrofe humanitaria oculta que el “complejo Moria” es en realidad resultado del cálculo político y sus decisiones; esto obstruye, a su vez, la posibilidad de colocar los derechos de l@s refugiad@s en el centro del debate social.
Este texto contiene fragmentos del estudio “El complejo Moria: irresponsabilidad, incompetencia y privación de derechos a cinco años de la “Declaración UE-Turquía” y la declaración del sistema de puntos críticos”, que el autor realizó bajo petición de medico.
