Supongamos que una persona hubiera caído en un sueño profundo antes del comienzo de la pandemia de COVID-19 y despertara hasta hoy: un vistazo superficial sobre el estado del mundo le bastaría para darse cuenta que algo anda realmente mal. La pandemia se ha convertido en aceleradora del incendio de un sistema ya descompuesto y ha profundizado la desigualdad global. Tampoco puede pasarse por alto que la agravante injusticia en el reparto de las vacunas acarrea consecuencias mortales, poniendo en riesgo la contención del virus y sus mutaciones. Nada de esto es una consecuencia “natural” de la pandemia, sino el resultado de un actuar político que pone los intereses del capital y la defensa de estructuras de poder por encima de las necesidades sanitarias esenciales de las personas. Para maquillar esto, se lanzan llamados a la solidaridad de polític@s, del Banco Mundial, de empresas farmacéuticas y de la sociedad civil, mediante estereotipias interminables: una respuesta adecuada frente a la pandemia requeriría un liderazgo global por un sistema de salud a escala mundial a la altura de las exigencias de este siglo. En una declaración publicada en conjunto en marzo de 2021 por dos docenas de jef@s de Estado, desde Chile, pasando por Sudáfrica hasta Alemania, se lee: “Debemos comprometernos con la solidaridad, la equidad, la transparencia, la participación y la justicia para cumplir con esta obligación a cabalidad”.
Sin embargo, una mirada a la distribución global de las vacunas contra la COVID-19 demuestra que en la política sanitaria global no se actúa de manera justa ni solidaria. Las cifras son conocidas: a los países ricos corresponde el ochenta por ciento de las dosis aplicadas hasta hoy, mientras que más de cien países del Sur Global tendrán que esperar aún hasta dos años para el suministro de vacunas y así poder alcanzar la inmunidad de rebaño; años en los que las medidas de protección tales como confinamientos seguirán poniendo vidas en riesgo, pues las personas pierden al instante su fuente de ingresos sin ningún tipo de protección; años en los que cientos de miles morirán por COVID-19, debido a las carencias en los sistemas públicos de salud y en la disponibilidad de respiradores; años en los que el hambre y la pobreza crecerán debido a las cada vez más precarias relaciones laborales en la informalidad; años, pues, en los que la vuelta a la normalidad no significa otra cosa que la reconstrucción de las viejas relaciones, que ya estaban enfermas antes de la pandemia. La pandemia abre implacablemente las grietas en nuestra sociedad global.
Los intereses de las empresas cuestan vidas
Uno de los mayores obstáculos para el suministro justo de las vacunas es el sistema de patentes. Desde muy temprano, medico ha llamado la atención sobre esto a través del llamado internacional “Patentes matan” y exigido que el conocimiento médico y sus productos finales sean considerados como bien común de la humanidad. “Patentes matan” fue formulado primero como advertencia, si bien teniendo una experiencia histórica fatal como trasfondo: la estrategia frente al VIH/SIDA en los años ochenta. También en aquel entonces, los países industrializados y la industria farmacéutica afirmaban la necesidad de la protección de patentes para fomentar la innovación. Después de que finalmente se produjeron medicamentos, estos permanecieron inalcanzables para la gran mayoría de infectad@s en los países del Sur Global, ya que los países industrializados se aferraron al sistema de patentes y a la transformación del conocimiento en capital. Cada reducción en los precios arrancado a la industria a lo largo de los años ha sido el resultado de luchas conectadas a nivel mundial, a las que también medico ha prestado apoyo; esos años también vieron a millones de personas morir, pues no pudieron pagar los elevados precios de los medicamentos.
Hoy en día, presenciamos con la pandemia de COVID-19 una crisis sanitaria de dimensiones no vistas hace un siglo y, de nueva cuenta, los países industrializados insisten en la preservación de un sistema que bloquea los caminos más eficaces para salir de la pandemia. Las vacunas no escasean debido a capacidades de producción insuficientes, sino que las patentes impiden que su producción se extienda a muchos lugares del mundo, desde Daca hasta Ciudad del Cabo. Alemania, Europa y con ellas casi todas las naciones industriales son responsables de que, a través de contratos poco transparentes, el conocimiento necesario para el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 se quede en manos de las empresas farmacéuticas, aún cuando cifras multimillonarias destinadas a la investigación y desarrollo de vacunas proviene de fondos públicos. Mediante estos contratos, a su vez, los países industrializados han cedido a las empresas la capacidad de decidir dónde, cuándo, cómo y en qué cantidad se producen las vacunas y cuál será su precio. Esto representa un despojo por parte de la economía privada organizado por el Estado. Los gobiernos debieron estipular en los contratos de financiamiento la publicación de los resultados de investigación y la consecuente distribución justa de las vacunas. Sin embargo, esto no ocurrió.
Los países industrializados tomaron la decisión de defender el orden imperante hasta la última dosis de la vacuna, en contra de los intereses sanitarios de las personas, así como de las necesidades epidemiológicas de la contención de la pandemia. Esto lo hicieron torpedeando sistemáticamente, en cada ronda de negociación, la solicitud conjunta de más de cien países del Sur Global a la Organización Mundial de Comercio para suspender tan sólo de manera provisional la protección a la propiedad intelectual –el llamado TRIPS Waiver–, en vista de la crisis global extraordinaria.
Sorprendentemente, el gobierno de Biden se pronunció recientemente a favor de la suspensión, al menos temporal, de las patentes de las vacunas Covid-19, alimentando aún más el debate actual y aumentando la presión. Sin embargo, el gobierno alemán y también la Comisión de la UE siguen rechazando categóricamente la liberación de las patentes, a pesar de que la mayoría del Parlamento de la UE se pronunció recientemente a favor de la suspensión. Independientemente de cuál sea el final de esta historia, un bien capaz de salvar vidas fue escaseado artificialmente, al servicio de los precios elevados y de la preservación del sistema.
La Iniciativa COVAX: cómo la ayuda humanitaria reemplaza al derecho humano
En lugar de poner en práctica el TRIPS Waiver, se establecieron iniciativas como el “Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19”, mejor conocido como COVAX. Como un ejemplo clásico de alianza público-privada, esta iniciativa está articulada con la Organización Mundial de la Salud y debería hacer posible una distribución justa de las vacunas a escala global. No obstante, es completamente dependiente de las donaciones voluntarias de Estados, de la industria farmacéutica y de fundaciones filantrópicas. Debido a ello, le resulta imposible eliminar la contradicción entre un modelo monopólico y de la urgencia real de países desfavorecidos por producir vacunas para su autoabastecimiento; a estos países no les queda más opción que esperar entregas voluntarias de vacunas. Aún más: la Unión Europea posicionó a COVAX en contra de transformaciones estructurales bajo el argumento de que la exigencia de suspensión de las patentes podría causar el enojo de la industria farmacéutica y su consecuente salida de COVAX. La participación de la industria en esta iniciativa, sin embargo, consiste en una risible cifra de un dígito.
La Iniciativa COVAX es un ejemplo clásico de cómo la ayuda humanitaria sustituye al derecho de acceso a la salud bajo las mejores condiciones. Bajo condiciones de desigualdad estructural, la ayuda humanitaria no puede ser más que un vendaje defectuoso que se encarga de “tapar de manera sistemática las heridas visibles de la sociedad” (Adorno). Esta es la solidaridad neoliberal en acción, tal y como se presenta en la declaración de más de veinte jef@s de Estado citada al comienzo. En ella, también aparecen países del Sur Global como Sudáfrica y Costa Rica, que justo después del comienzo de la pandemia, en la primavera de 2020, exigieron en vano una transferencia de tecnología y conocimiento, así como la liberación de las patentes. Resulta muy elocuente que en la declaración actual no se encuentre una sola palabra sobre patentes ni sobre relaciones de propiedad; puede leerse como la capitulación de aquellos países que se atrevieron a cuestionar el orden imperante. Mientras tanto, los estados dominantes han fundado con COVAX una “sociedad para la mitigación de riesgos globales”, como acertadamente la describe el compañero de medico Remco van de Pas, carente de cualquier capacidad de ejecución legal o penal.
¿Ha llegado el momento?
Organizaciones y alianzas en muchos países del Sur Global resisten frente a esta dependencia y comienzan a vincular sus luchas. Un ejemplo destacado de ello es la amplia agrupación C19 People’s Coalition en Sudáfrica, cuyas acciones políticas durante la pandemias se conectan con demandas por un ingreso básico, una reforma del sistema público de salud y de la legislación nacional sobre derechos de propiedad intelectual. Bajo el lema “black lives matter – vaccines for all”, realizan protestas contra el bloqueo de una exención de patente por parte de estados ricos en la Organización Mundial de Comercio y, en este sentido, por la justicia en la distribución de las vacunas. El momento es ideal para un movimiento global más amplio, que busque conseguir el derecho universal al acceso a la salud bajo las mejores condiciones, aún más allá de la pandemia. Ahora es el momento de exigir una política orientada a las necesidades sanitarias de todas las personas, que defienda los sistemas públicos de salud frente a los intereses del capital y, con ello, limite los intereses de la industria farmacéutica. Esto representa un costo menor que el sistema de patentes, pero es, en primer término, en interés de tod@s.
