El terror de l@s otr@s

Por Riad Othman

No es un rasgo exclusivo de los gobiernos israelíes el rehuir la discusión con opositor@s polític@s mediante acusaciones por supuestos vínculos terroristas; esta estrategia, sin embargo, es empleada metódicamente en Israel desde hace décadas. Esto no pretende negar la existencia de crímenes palestinos, cometidos en contra de civiles israelíes y judíos; estos evidentemente han ocurrido. Pero en la coyuntura actual de prohibición de organizaciones de derechos humanos, esto representa, ante todo, una medida para impedir la organización política de la población sometida, independientemente de si esta contemple el uso de métodos violentos o no. Prueba de ello ofrecen la prohibición del derecho de reunión, decretada militarmente y en vigor hasta la fecha, o las deportaciones ilegales de abogados y alcaldes palestinos, así como de otras personas que eran consideradas importantes para la organización política, ocurridas después de la guerra de 1967. En el mismo sentido se dirige la violencia ejercida cotidianamente por el Estado en el contexto de la apropiación de tierras, o –en el caso de los colonos– la violencia sancionada en contra de palestin@s, en las que resulta claro: la resistencia o, en dado caso, el empleo de contraviolencia serán repelidas con una violencia de mayor magnitud.

La guerra en Israel, Israel en guerra

Desde su fundación, Israel no ha derogado nunca el estado de emergencia, ni las correspondientes facultades especiales de un Estado (judío) en contra de sus sujetos (árabes). Al momento de su fundación en 1948, un sinnúmero de reglamentaciones vigentes durante la administración del Mandato Británico fueron rápidamente adoptadas por el Estado para ser aplicadas en contra de l@s palestin@s. En 1945, los británicos habían decretado las llamadas Regulaciones de Defensa y Emergencia para actuar en contra de milicias sionistas y del movimiento nacional palestino; desde entonces ya se utilizaba el concepto de terrorismo. Israel se aprovechó de esto e incorporó estas regulaciones a su propio sistema jurídico. Hasta fines de 1966, esto se puso de manifiesto en el gobierno militar frente a la población árabe de Israel. Otro instrumento proveniente del periodo colonial es la detención administrativa, que goza de una práctica tan extensa como arbitraria hasta el día de hoy; un anacronismo del derecho que el Estado de Israel emplea casi exclusivamente cuando se trata de palestin@s. En teoría, esto hace posible que las personas permanezcan detenidas discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, sin un proceso legal, sin supervisión o aprobación judicial. Estas regulaciones se mantienen vigentes hasta el día de hoy, o en una forma similar, en todo el territorio que abarca desde el río Jordán hasta el Mediterráneo.

La nueva “guerra contra el terrorismo” se desarrolló también en Israel y en territorios palestinos ocupados con el desencadenamiento de la segunda intifada. Sin embargo, esta ya había comenzado un año previo a los atentados del 11 de septiembre. El derrumbe de las torres gemelas del World Trade Center se convirtió en un símbolo del ataque contra “nuestra libertad”, y una vez más se posicionó a Israel de manera estilizada como punta de lanza en defensa de la “civilización occidental” contra “la barbarie”. En esos términos fue presentado Benjamin Netanyahu el 20 de septiembre de 2001 frente al Congreso estadounidense, como ex Primer Ministro de Israel que habría comandado “la lucha por su nación y, de paso, por el resto del mundo civilizado [en contra del terrorismo internacional; R.O.]”.

Según la perspectiva de Israel, después del 11 de septiembre y de un aumento de ataques terroristas en todo el mundo, Europa debía finalmente comprender el problema con el que este pequeño país siempre había tenido que lidiar. Netanyahu presentó a Israel como un Estado en la primera línea del frente occidental en una lucha de culturas: “Hoy en día, tod@s sin excepción entendemos que nos hemos convertido en blanco del enemigo y que nuestras ciudades son vulnerables; que nuestros valores son objeto de un odio sin precedentes, que busca destruir nuestras sociedades y nuestro modo de vida”. A su vez, situaba el conflicto político del movimiento nacional sionista, o bien, del Estado israelí con l@s palestin@s como parte de la lucha necesaria en contra del terrorismo internacional. Tanto Arafat como Al-Qaeda, así como Siria, Irán o Afganistán eran considerados por él, sin excepción, como engendros de una y la misma red terrorista, que buscaba “instaurar una forma extremista del Islam como potencia dominante a nivel mundial”. Según la visión de Netanyahu, aún más que después del 11 de septiembre, Europa tuvo que haber comprendido finalmente esto tras los atentados en Madrid y Londres en 2004 y 2005, respectivamente. En años posteriores, sería difícil encontrar un ataque islamista que no haya servido a Netanyahu para establecer paralelismos con la experiencia israelí; tras los atentados en París en 2015, declaró: “No somos culpables del terrorismo que se dirige en nuestra contra [...] Ni los asentamientos, ni ningún otro factor son lo que mantiene vivo el conflicto, sino la voluntad de destruirnos, así como la agresión terrible contra nosotros”.

Culpa propia

En esta visión del mundo maniquea, la culpa la tienen siempre y exclusivamente l@s otr@s. El “mundo civilizado” comete crímenes con violencia excesiva por la única razón de que “el odio irracional” y la “barbarie” desmedida no le han dejado otra alternativa; las atrocidades frente a otr@s son en todo caso únicamente una forma de legítima defensa.

Los primeros ministros Netanyahu y Barak pusieron el conflicto con l@s palestin@s en el mismo contexto que los atentados de Al-Qaeda; ese fue el tono que adoptaron muchos gobiernos de la época: a pesar de que en el transcurso de la guerra los países “civilizados” también contaban abiertamente con hacer uso de una brutalidad excesiva, según Barak no existiría una “equivalencia moral entre terroristas y aquellos que sólo reaccionan frente a ellos”. Con ello, lo esencial ya estaba dicho, siendo válido también en otros contextos y regiones. Esta postura se convirtió en la lógica dominante de la guerra a escala global: recurriendo a la figura del “terrorista”, se justificó el ejercicio propio de la violencia, mientras que esa misma figura deslegitimaba la violencia del enemigo, negando con ello cualquier terreno común para la negociación en términos políticos. El “derramamiento de sangre ajeno”, si bien podría tener también motivaciones políticas, no debería aparecer sino como un mero espectáculo de barbarismo. Nuestr@s muert@s: víctimas de terrorismo, individuos con rostro, una historia propia y con familiares y amig@s en duelo; sus muert@s: cifras abstractas, daños colaterales, quizás incluso terroristas también.

¿Terror de quién?

En su discurso de 2001 en Washington, Netanyahu declaró que el terrorismo no se definía por la identidad de sus perpetradores, sino por la naturaleza del acto. No obstante, es justamente esta identidad y no los hechos la que, por lo general, pasan a ser el centro de atención en las discusiones sobre terrorismo. Cuando actores estatales asesinan civiles, no se habla de terrorismo; por el contrario, este es prácticamente siempre el caso cuando los responsables son actores no-estatales. A esto le sigue la postura de los Estados, según la cual no reconocen al “terrorismo” como una forma de “violencia política”. Esto tiene una lógica comprensible: el Estado defiende su monopolio de la violencia. Consecuentemente, el Consejo de la Unión Europea, en su Decisión Marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo del 13 de junio de 2002, hizo referencia al siguiente consenso: “El acuerdo del Consejo Europeo del 27 de enero de 1977 en materia de combate al terrorismo, define que los delitos terroristas no pueden ser considerados como delitos políticos, ni como delitos relacionados con otros de naturaleza política, tampoco como delitos basados en otros motivados por razones políticas”.

Sin embargo, aquí existe un punto de discrepancia: a fin de cuentas, el enemigo muy bien puede estar persiguiendo fines políticos. Una declaración extraída del “Segundo Reporte Periódico de Seguridad” del Gobierno Federal de Alemania muestra que también los Estados entienden esto: “Por lo general, el terrorismo no es la expresión de una cultura particular, sino un instrumento extremo y político de lucha. El terrorismo es una estrategia de la lucha que desafía al poder del Estado o, según sea el caso, de la potencia ocupante, con el propósito de provocar olas de solidaridad en los grupos poblacionales, de los que los actores se consideran su vanguardia. Su objetivo inmediato no es la victoria, sino la propagación del terror y el miedo que posteriormente [...], de hecho, podría conducir a la retirada del enemigo, tal como ocurrió en 1983 en Beirut, en 1989 en Afganistán y en 1993 en Somalia”.

Terror aquí, silencio allá

Aún cuando las imágenes de la en extremo precipitada retirada de Afganistán ponen en evidencia la derrota en la “guerra contra el terrorismo”, los patrones que rigen el discurso parecen inquebrantables: de vez en cuando, la violencia que acompaña permanentemente a esta guerra vuelve a encenderse; entre Israel y l@s palestin@s por última vez en mayo de 2021. En este contexto no debe pasarse por alto que, en todo momento, Israel negoció con terroristas, llegando incluso a la firma de un acuerdo: los Ministerios de Justicia y de Defensa israelíes mantienen, hasta el día de hoy, a la Organización para la Liberación de Palestina y a Fatah en su lista de organizaciones terroristas. Con la primera, Shimon Peres y Yitzhak Rabin firmaron los Acuerdos de Oslo, recibiendo por ello el Premio Nobel de la Paz; con la segunda, el Estado israelí mantiene una estrecha cooperación para la seguridad, debido a que Fatah posee un dominio sobre la Autoridad Nacional Palestina y su represivo aparato de seguridad, por cierto, con apoyo financiero desde el extranjero.

¿Es para el Estado israelí verdaderamente una cuestión de garantizar la seguridad de su población, aún cuando se etiqueta como terroristas justo a aquell@s cuyas voces se rebelan contra el robo de tierras y la política de asentamiento, así como contra la opresión por parte de la autoridad palestina? ¿O se trata, más bien, de extender un manto de silencio sobre crímenes en curso, tales como la construcción de nuevos asentamientos, la ejecución de personas durante manifestaciones o la detención arbitraria de activistas políticos? Estas prácticas son llevadas a cabo diariamente; sin embargo, en lugar de hablar sobre ello o visibilizarlo en los medios, nos concentramos en el actuar del gobierno israelí a partir de la pregunta de si seis organizaciones, algunas de ellas galardonadas con premios internacionales, son verdaderamente organizaciones terroristas. Con ello el objetivo está cumplido: el silencio se hace más grande.

Traducción: Benjamín Cortés