Protección de fronteras en lugar de protección de refugiad@s

“En lugar de desperdiciar recursos y personas en la vigilancia de las fronteras, deberíamos concentrar todas nuestras fuerzas en combatir el virus”, expresó Frank Ulrich Montgomery, presidente de la Asociación Médica Mundial, en marzo de 2020. Para la política, sin embargo, la fuente del peligro que el coronavirus trae consigo continúa ubicándose en el exterior y en l@s otr@s, mientras que cada país busca garantizar el acceso a la vacuna para su población. Independientemente del lugar en que se ubique el epicentro de la pandemia, se justifican medidas de alto alcance para excluir a migrantes y refugiad@s bajo el argumento de querer detener la propagación del virus. A estas personas no sólo se les restringe la movilidad, frecuentemente necesaria para poder subsistir; a su vez, son expuest@s al virus sin protección alguna, tanto en las rutas como en los lugares a los que llegan. Esto aplica no sólo para las desconsideradas medidas de aislamiento en los alojamientos para refugiad@s en Alemania, sino también para el confinamiento decretado desde hace meses en los llamadas “zonas críticas” (hotspots) en la frontera exterior de la Unión Europea (UE) en Grecia y que ahora ha vuelto a intensificarse. Si bien la velocidad y la meticulosidad con que estas medidas están siendo aplicadas resultan sorprendentes, el hecho de que todo esto esté ocurriendo sin grandes manifestaciones de resistencia se debe a la insolidaria política antirefugiad@s de la UE, que ha preparado el camino en los años recientes.

El 18 de marzo de 2020, en medio de la crisis por el coronavirus, se cumplieron cuatro años de la entrada en vigor de la Declaración UE-Turquía y su sistema de hotspots. Desde hace más de cuatro años, la UE se encarga de que miles de personas que arriban a las islas griegas atravesando Turquía, se vean condenadas a vivir en condiciones dramáticas en campos de refugiad@s completamente saturados; desde hace más de cuatro años, se obstaculiza el acceso al procedimiento de asilo garantizado por la constitución a las personas que llegan; desde hace más de cuatro años, activistas por los derechos humanos alertan sobre un empeoramiento de la situación, que desde entonces continúa agravándose. El hecho de que miles de refugiad@s se encuentren atrapad@s en las islas griegas y de que Turquía lleve años impidiendo a muchísimas más personas seguir avanzando hacia Europa tiene un precio muy alto, no sólo en términos económicos. En ello, la UE ha estado malbaratando su fundamento de derechos humanos.

Un incendio, un fanal

Una prueba más de ello la ofrece el hecho de que la UE no ha hecho prácticamente nada para que la gente completamente hacinada en los hotspots en Quíos, Cos, Lesbos, Leros y Samos pueda protegerse de manera efectiva frente a la pandemia. Durante meses, sin embargo, ha podido evitarse el brote de COVID-19 en los campos de refugiad@s en las islas griegas, no en último término gracias al trabajo de prevención de las organizaciones autogestivas de refugiad@s. Sin embargo, cuando a finales de mayo l@s turistas y otr@s viajer@s privilegiados pudieron ingresar nuevamente a las islas, aumentó a su vez el peligro de que el virus pudiera alcanzar en poco tiempo los campamentos, si bien para las personas que viven ahí la aplicación de importantes medidas de restricción de la movilidad no se ha interrumpido, a diferencia de lo que ocurre con el resto de la población. El momento llegó en agosto: en el campamento Vial en la isla de Quíos se registró un brote de coronavirus que, no obstante, pudo ser contenido en poco tiempo. A principios de septiembre varias personas dieron positivo en Moria, el campamento más grande de las islas griegas, en Lesbos. Posteriormente, se desataron protestas en contra de las malas condiciones del alojamiento y del suministro de víveres, así como contra la ausencia de medidas de protección frente al coronavirus; poco tiempo después, se produjeron los incendios y el campamento fue consumido por el fuego en su totalidad. El gobierno griego construyó un nuevo campamento en cuestión de días, al cual las personas que vivían en Moria sólo acudieron de manera reticente o por requerimiento de la policía, pues temían que se tratara de un campamento cerrado y que de una medida provisional se derivaran condiciones de vida duraderas peores de las que ya habían padecido en Moria.

Hotspots como el campamento de Moria fueron construidos en 2015, como respuesta al desplazamiento de refugiad@s provenientes de Siria, clasificado por algun@s como “crisis de refugiad@s”. En ellos, se supone que las personas avanzarían rápidamente en su proceso de asilo, para posteriormente seguir su camino hacia algún otro país europeo o, en caso contrario, ser enviados de regreso a Turquía. Además de que el plan no salió como se esperaba y, en realidad, las personas se quedan atrapadas en los hotspots durante meses o incluso años, estos procedimientos rápidos no son defendibles desde un punto de vista de los derechos humanos, pues en ellos se prescinde de manera muy frecuente de la revisión exhaustiva de cada caso particular. Igualmente indefendible es el retorno hacia Turquía, donde no existen garantías para la protección de refugiad@s y la amenaza de deportaciones en cadena hacia sus países de origen se cierne sobre ell@s. A pesar de esta grave deficiencia, resulta evidente que la UE buscará enlazar la Declaración UE-Turquía con la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, a llevarse a cabo durante la segunda mitad del año bajo la presidencia alemana del Consejo de la UE. Con base en dicha Declaración, deberá existir “una colaboración más estrecha con países de origen y de tránsito de relevancia”; además, cada solicitud de asilo deberá someterse a una revisión preliminar, cuya minuciosidad y apego a las leyes debe ponerse en duda si uno parte de lo que se conoce de los hotspots hasta ahora. Si las personas provienen de un país con un grado de aceptación bajo, deberán someterse a un procedimiento rápido. La comisión no descarta que tanto las personas en dichos procedimientos como las que llevan un proceso normal sean retenidas en campamentos cerrados hasta que se tome una decisión con respecto a su ingreso o expulsión del país, o hasta que accedan a un retorno “voluntario”. Todo esto es precisamente lo que se ha puesto a prueba en Moria y en otros hotspots durante los últimos años, en detrimento de los derechos humanos. Por último, incluso los controvertidos planes de construcción de campamentos cerrados está tomando forma de manera sigilosa a través de la prolongación recurrente de las medidas de confinamiento a causa de la pandemia.

Gestión de la migración, rechazo de la migración

Los acuerdos con los países de origen y de tránsito no son algo nuevo. Justamente eso fue lo que la UE estableció en el pasado con algunos países africanos a los que, por ejemplo, mediante el pago de fondos para el desarrollo se les llamó a cooperar en la “gestión de la migración”, es decir, a impedir la huída y la migración hacia Europa. Actualmente, países del norte de África como Egipto o Libia, a través de los cuales la mayoría de personas que han emprendido la huida desde otros países africanos se arriesga a continuar avanzando hacia Europa, se benefician con pagos provenientes de dicho continente. A pesar de que está comprobado que en estos países se aplican torturas, la UE sigue invirtiendo en sus aparatos de seguridad, con el propósito impedir el tránsito de migrantes y refugiad@s.

Pero los acuerdos con la UE no sólo tienen un impacto en los países que los han aceptado, sino que desatan reacciones en cadena. Así resulta posible que el presidente de Turquía Erdoğan, al abrigo del acuerdo con la UE, no sólo emprenda una guerra contra l@s kurd@s, sino que haya obstaculizado, por su parte, la entrada de refugiados a su territorio mediante la construcción de un muro en la frontera con Siria. Con ello, la situación en la provincia siria de Idlib se ha agravado de manera dramática: los campamentos de refugiados ubicados ahí se encuentran completamente saturados, hospitales han sido destruidos, el suministro de alimentos no está asegurado y un cruce fronterizo para la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas fue cerrado a finales de julio debido a un bloqueo por parte de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Bajo estas circunstancias, las personas no tienen ninguna oportunidad para hacer frente a la pandemia de manera eficaz.

Con el acuerdo entre la UE y Turquía, Europa no sólo se ha librado de su responsabilidad con l@s refugiad@s en Turquía, sino también con aquell@s en busca de protección en Siria, país asolado por la guerra desde hace años. Esta política de “ojos que no ven, corazón que no siente”, aplicada durante años, fue el caldo de cultivo para los disturbios racistas ocurridos tras la apertura unilateral de la frontera hacia la UE por parte de Erdoğan en febrero de 2020. Después de que miles de refugiad@s se concentraran en la región de Evros, al noroeste de Turquía y, a su vez, creciera el número de personas arribando a las islas griegas, grupos de racistas violent@s decidieron tomar la protección de las fronteras en sus propias manos.

Desde Maraş al sur de Turquía, pasando por las islas griegas hasta llegar al Evros y más allá, se han conformado autodenominadas “milicias” para atacar de manera vil a refugiad@s, contando con el beneplácito internacional. También personal de ayuda humanitaria y periodistas han sido amenazados y agredidos físicamente. En vez de oponerse a los responsables, es decir, a aquellos que bombardean Idlib, que establecen acuerdos con déspotas y convierten las islas griegas en prisiones al aire libre, la ira se dirige contra l@s más débiles y aquell@s que l@s apoyan.

El interruptor de los derechos humanos

Ni la policía ni el estado de derecho protegen a l@s afectad@s, al contrario. De manera cotidiana, l@s refugiad@s son víctimas de violencia estatal y no estatal. Hace ya mucho tiempo que la amenaza hacia los botes de refugiad@s y la utilización de gases lacrimógenos contra adult@s y niñ@s forman parte de las medidas habituales de protección fronteriza. Desde hace algunos meses, la guardia costera griega está dejando a su suerte, incluso de manera intencional, a refugiad@s que navegan en botes inflables sin capacidad de maniobra en el Mar Egeo, aún después de que ya habían arribado a suelo griego. El hecho de que el gobierno griego finalmente anulara el derecho de asilo por un mes –sin objeción desde Bruselas– como si los derechos humanos tuviesen un interruptor y pudiesen encenderse y apagarse a voluntad en un estado de derecho, fue una confirmación más para la muchedumbre derechista: la violencia al estilo de los pogromos conduce a las medidas políticas deseadas. Así, a partir de este acuerdo entre la UE y Turquía que desprecia los derechos humanos, se han desatado fatales reacciones en cadena en todas direcciones: desde la construcción de un muro en la frontera entre Turquía y Siria hasta la exclusión y la anulación de los derechos de refugiad@s al interior de países de la UE.

Mucho de esto había ocurrido ya, antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la propagación del coronavirus como una pandemia. La siguiente reacción en cadena no se hizo esperar: justo en el día en que la canciller alemana llamó a la población a actuar de manera solidaria, el Gobierno Federal de este país suspendió la acogida humanitaria de refugiad@s. Con ello, las fronteras mortales de la solidaridad se hicieron aún más evidentes. Mientras aquí en Alemania l@s habitantes se exhortaban mutuamente a quedarse en casa y a lavarse las manos varias veces al día, millones de refugiad@s en todo el mundo aguantaban y aguantan hoy en día bajo condiciones de higiene desastrosas, hacinados en paupérrimos alojamientos provisionales. Miles de ell@s a las puertas de la UE, donde la situación se ha agravado aún más en las últimas semanas.

No obstante, los otros países de la UE no se han decidido a acoger siquiera a un pequeño número de personas particularmente vulnerables de los campamentos de refugiad@s en Grecia. Alemania, el país más rico de Europa, aceptó a última hora recibir a 1,553 refugiad@s de Grecia –sobre todo familias con niñ@s– y el despliegue de ayuda humanitaria de emergencia en el lugar. El hecho de que incluso este gesto mínimo de humanidad frente a l@s más débiles entre l@s refugiad@s resulta muy difícil de llevarse a la práctica, muestra que la vulnerabilidad no debe ser el único criterio para acoger refugiad@s, y que la misericordia no debe colocarse por encima del derecho. Precisamente en estos tiempos se trata de que el trabajo por los derechos de migrantes y refugiad@s no ceda en favor de mínimas concesiones humanitarias. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos de l@s refugiad@s no deben perderse en las sombras de la pandemia.

Justo ahora en tiempos de coronavirus resulta más importante que antes lo que ha formulado una coalición compuesta por organizaciones europeas por los derechos humanos, entre ellas medico international, para la protección de migrantes y refugiad@s frente a la violencia en las fronteras: “L@s migrantes y refugiad@s no representan amenaza alguna para la UE de la cual haya que protegerse. Por el contrario, son ell@s l@s que se encuentran amenazad@s por la violencia estatal durante su peligrosa travesía. Nosotr@s utilizamos los derechos humanos como herramienta para protegerl@s de la brutalidad que se dirige contra ell@s”. En estos días, esta herramienta debe ser defendida en contra de aquell@s que, por motivos racistas y nacionalistas, rechazan la protección de los derechos humanos de refugiad@s; asimismo, en contra de aquell@s que consideran suficientes los gestos mínimos de humanidad, en lugar de la exigencia de derechos. Si el coronavirus ha de dejarnos una enseñanza, que sea esta: vivimos en un mundo inevitablemente interconectado, por lo que si nos aislamos, no podremos protegernos, ni tampoco librarnos de nuestro compromiso con l@s demás.

Publicado en alemán en septiembre de 2020.

Traducido por Benjamín Cortés Peralta.