Una nueva forma de guerra

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Por Jana Flörchinger y Anne Haas

Cuanto más se alejan de centros urbanos como San Cristóbal de las Casas, la mayoría de las calles que atraviesan las montañas del estado de Chiapas, ubicado al sur de México, se van volviendo más polvosas, sus curvas más pronunciadas y los baches cada vez más numerosos. Una de estas calles agujereadas lleva a Chilón, una pequeña localidad en el noreste de Chiapas. Mientras que afuera el calor del mediodía quema, al interior de una casa de cemento y madera se reúnen unxs 15 representantes del gobierno comunitario. Pascuala, una mujer llena de energía, de cabello negro recogido con un pasador brillante, da inicio a la reunión hablando con voz grave. En las dos horas siguientes, representantes indígenas dan cuenta de agresiones violentas, de autos robados y de cómo recientemente hombres de otros pueblos han aparecido de repente en sus asambleas locales. Mientras que algunxs suponen que se trata de pequeños empresarios o representantes de algún partido político, otrxs creen que podría existir alguna conexión entre estas visitas y el crímen organizado.

Intentamos ir siguiendo lo que cuentan lxs representantes indígenas y, al escuchar, nos preguntamos: ¿Por qué viajan varias horas desde sus pueblos hasta Chilón sólo para contar a lxs demás de estos pequeños agravios y la aparición de estos hombres desconocidos? Es sólo más tarde, durante las conversaciones, que comprendemos que estas actividades y acontecimientos tan fuera de lo común siempre pueden ser indicios de una escalada violenta más grande. En vista de la represión en aumento contra las comunidades organizadas y del creciente número de delitos violentos en Chiapas, no puede descartarse nada. Son estas incertidumbres y dudas que se asientan en los intersticios de la vida cotidiana las que siembran la desconfianza entre las personas y desestabilizan los lazos sociales. Este malestar es un elemento sutil de una forma de gobernar mediante la violencia, que penetra en la vida y en el día a día de las personas en Chiapas.

Historia de la violencia

Con el levantamiento armado de lxs zapatistas el 1 de enero de 1994, en protesta frente a un tratado de libre comercio con Estados Unidos que eliminaría los derechos comunitarios sobre la tierra, Chiapas se colocó en el foco de la atención a nivel mundial; el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se convirtió así en un referente de la solidaridad internacional. No obstante, hasta el día de hoy, se sabe menos sobre las estrategias empleadas para combatir este levantamiento y que, desde su surgimiento hasta el presente, siguen intentando destruir a las comunidades mayoritariamente indígenas y desarticular sus estructuras sociales. En los años noventa esto ocurrió mediante la violencia directa de grupos paramilitares y del ejército, resultando en masacres de activistas de organizaciones indígenas. A inicios de la primera década del nuevo siglo, esta estrategia fue reemplazada por otros métodos con menos violencia explícita; la corrupción de autoridades locales, la desinformación y la entrega selectiva de recursos públicos atizaron conflictos que, en muchos lugares, ocasionaron la división de las comunidades. Ambas estrategias han traído conflictos muy complejos, cuyos efectos se extienden hasta las familias. En continuidad con los tiempos coloniales, hasta el día de hoy la población indígena prácticamente no tiene acceso al sistema de justicia. Por ello, si estos conflictos se mezclan con otros intereses –no en último término con aquellos del crimen organizado–, esta situación de conflicto local tiene el potencial para desembocar en violencia.

A pesar de la historia reciente y de que desde hace décadas los cárteles tienen bajo su control las rutas de migración y del tráfico de drogas en la región fronteriza, Chiapas se consideraba hasta hace poco todavía como un estado relativamente seguro y estable, en comparación con otras partes del país. “Esto cambió hace tres años, cuando el hijo del jefe regional del Cártel de Sinaloa fue asesinado en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado”, nos cuenta Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la organización contraparte de medico en Chiapas. Según ella, la violencia no sólo habría aumentado en las ciudades, sino también en comunidades alejadas y a lo largo de las rutas de tránsito. Como miembro desde hace 16 años del Frayba, el cual apoya la autoorganización de comunidades indígenas en Chiapas, Roblero describe cómo es el trabajo de este centro de derechos humanos en el día a día: enfrentamientos armados con decenas de muertos por el control de tramos carreteros estratégicos y localidades importantes serían algo habitual; sobre la responsabilidad de estos ataques, frecuentemente no habría ninguna certeza. Junto a los cárteles y sus subestructuras y fuerzas estatales como el ejército o la guardia nacional, también organizaciones corrompidas de pequeños agricultores y jóvenes reclutados a la fuerza estarían involucrados en ellos una y otra vez. Como en el resto de México, aquí también prevalece la impunidad o incluso la complicidad entre órganos estatales y grupos criminales. Roblero cuenta que los cobros de piso se han incrementado tanto que hasta los alimentos básicos se volvieron por un tiempo inasequibles en la región fronteriza con Guatemala, mientras que empresas regionales de transporte habrían tenido que suspender sus actividades en ciertos lugares.

En un lugar apartado en el municipio de Chicomuselo vive Juan, quien en realidad se llama diferente. Durante décadas, él se comprometió en la lucha por el medioambiente y en contra del desarrollo de megaproyectos en la región; sin embargo, en vista de la creciente criminalización y la violencia en contra de activistas por los derechos humanos, esto se ha vuelto imposible. Juan describe la situación que se vive en la frontera con Guatemala, donde actualmente 10 mil personas están consideradas como desplazadas internas y muchas han tenido que abandonar su ganado y sus granjas de la noche a la mañana, y agrega: “Algunos lugares son verdaderos pueblos fantasma. Autos quemados a la orilla de las calles, casas saqueadas, frecuentemente se ven perros o vacas en los huesos deambulando por las calles. Los cobros de piso han aumentado muchísimo y a veces sólo basta un rumor de pertenecer a alguna de las bandas para ser secuestrado o asesinado”.

Migración, modernización y ejército

Lo que conecta a los autos robados y a los hombres desconocidos en las asambleas comunitarias del norte con los pueblos fantasmas en el sur, es la continuidad de la violencia. Los posibles indicios en Chilón, lxs habitantes desplazadxs en el sur y el miedo, son la prueba de que la violencia no es un evento singular sobre el que pueda narrarse de manera inteligible su inicio y su final. No está claro cuándo o dónde tendría que iniciar este relato. Únicamente estableciendo un vínculo entre las experiencias cotidianas de lxs afectadxs y los acontecimientos locales, nacionales e internacionales se vuelven comprensibles el sentido y la función de la violencia.

Uno de estos acontecimientos es la reubicación de las rutas migratorias hacia Chiapas, debido a un acuerdo de Estados Unidos con México y Guatemala: entretanto, cada vez más personas provenientes de los países centroamericanos, de Venezuela y actualmente también de Haití, se deciden por tomar las apartadas rutas de Guatemala, pasando por Chiapas en dirección hacia el norte. Los intereses económicos, territoriales y políticos de los cárteles, del ejército y de políticxs locales se extienden a lo largo de nuevas y viejas rutas.

Por otro lado, el gobierno mexicano está realizando fuertes inversiones en proyectos de infraestructura en el sur de México. Además de la gran ampliación de las rutas principales de transporte, el Tren Maya es el proyecto más conocido y de mayor prestigio bajo el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador. De manera reiterada, estas inversiones son la causa de conflictos entre las comunidades afectadas –en su mayoría indígenas– y las empresas y el gobierno. Aquí juega también un papel la creciente militarización observada desde 2018, explica Dora Robledo. En México no es poco común que el ejército y unidades de la guardia nacional protejan rutas de transporte y proyectos de infraestructura mediante el uso de la violencia, aún cuando la construcción de los mismos implique la pérdida de la base para la subsistencia de muchas personas, ya que, por ejemplo, estos proyectos suelen ir acompañados de una masiva contaminación del agua. Roblero agrega que la creciente presencia del ejército en Chiapas provoca a su vez un desplazamiento de las rutas de huida que finalmente desemboca en el surgimiento de conflictos territoriales entre cárteles por el control sobre personas, drogas y otros productos destinados al comercio. Comunidades autónomas como Chilón, así como muchos otros grupos indígenas organizados provenientes de otros municipios, hacen frente a esta amenaza.

Cuando los intereses económicos y políticos se fusionan

En nuestras conversaciones con Pascuala sobre la fuerza de las comunidades autoorganizadas, con Dora sobre la situación de lxs defensorxs de derechos humanos y con Juan sobre los efectos de la violencia directa en contra de pueblos enteros, se dibuja claramente una conjunción entre violencia estatal y no estatal. Las líneas de conflicto están en constante transformación pues, a nivel local, los intereses criminales y del Estado se superponen y las alianzas tácticas entre estos actores se rompen al poco tiempo de haberse pactado. Es posible constatar que el Cártel Jalisco Nueva Generación está intentando conquistar con todas sus fuerzas las rutas de comercio y puntos estratégicos en Chiapas, enfrentándose al Cártel de Sinaloa, tradicionalmente arraigado en la región. No obstante, reducir la violencia a una guerra entre dos cárteles rivales es una explicación muy simplista. Por ello, la antropóloga argentino-brasileña Rita Segato describe la violencia brutal, que también se observa en México y que tiene su origen en esta conjunción de violencia organizada estatal y no estatal, como un nuevo tipo de guerras. En su trabajo, ella aborda cuestiones de esta violencia desbordada en el contexto latinoamericano y encuentra en este tipo de guerra nuevos enfoques explicativos.

Estas nuevas guerras no ocurren Estados-nación, sino que tienen sus principales actores en el crimen organizado, en grupos paraestatales, en instituciones del Estado y en empresas privadas. Siguiendo esta lógica puede hablarse, en el caso de Chiapas, de una nueva guerra de este tipo, disputada por bandas mafiosas, milicias paraestatales y el ejército, y que tiene como propósito el control sobre la población y de territorios estratégicos. Por ello, el aumento dramático de la violencia contra la población indígena y las comunidades organizadas no puede explicarse como el resultado de luchas particulares entre bandas locales; esta violencia es simultáneamente estructural y estructurante para la política y la economía.

De regreso a Chilón. Allí, la asamblea de la comunidad se acerca a su fin, y es gracias a Pascuala que se ha acordado realizar pronto la siguiente: ella anima sobretodo a lxs jóvenes y a las mujeres para que se involucren y mantiene unido al gobierno comunitario autónomo. Pascuala está convencida de que la protección a largo plazo para las comunidades tiene su base en estructuras independientes de partidos políticos. En 2017, los miembros de la iniciativa en contra de la construcción de una autopista se encontraron: “Entonces empezamos a buscar una forma alternativa para gobernarnos”, explica Pascuala, para quien los partidos políticos simplemente no tienen en cuenta el bien de las comunidades. Con sus cerca de 1,500 miembros, esta iniciativa gestiona once centros regionales de manera voluntaria, en los que se encuentran especialistas de la salud, ofertas para la juventud, asesoría jurídica y también los llamados jmeltsa’anwanejetik, palabra tzeltal que, traducida al español, significa “arregladorxs de conflictos”. Y el sistema funciona: las organizaciones comunitarias autónomas como la del gobierno comunitario en Chilón fungen como un muro de protección contra la infiltración por parte del crimen organizado y de políticxs corruptxs.

Es justo este enfoque el que, desde 1994, defiende el EZLN en Chiapas y que ha logrado una y otra vez dirimir los conflictos sociales por la vía política y no armada. Es esta comprensión política fundamental la que puede hacer frente a la opacidad de la violencia. Visto de este modo, Pascuala, Dora, Juan, el EZLN, así como el resto de las comunidades autónomas representan un rayo de esperanza en una región arrasada por la violencia.

Traducción: Benjamín Cortés