La organización Physicians for Human Rights - Israel (PHR-IL) (Médicos por los Derechos Humanos - Israel) se compone de más de 3.000 voluntarios que abogan por hacer realidad el derecho a la salud para todas las personas en Israel y en los territorios palestinos ocupados - independientemente del estado de su permiso de residencia.
En una pequeña calle lateral y no lejos del mercado de pulgas de Jaffa, se encuentra la modesta Clínica Abierta de los Physicians for Human Rights - Israel (PHR-IL). Hace unos pocos años atrás, el barrio próximo al mercado de pulgas lucía deteriorado. Entretanto, en muchas de las descuidadas tiendas y cobertizos para muebles usados y baratijas se han instalado restaurantes y bares para turistas e israelíes. Las casas viejas, muchas veces de origen árabe, han sido vendidas y recicladas. El aburguesamiento de Jaffa avanza a pasos agigantados.
Prácticamente no hay distancia entre Jaffa y el sur pobre de Tel Aviv, donde también han encontrado amparo muchos refugiados africanos. Por lo tanto es fácil llegar a la clínica. Para muchas personas sin permiso de residencia, ésta constituye el único lugar al cual dirigirse en caso de enfermedad. El ochenta por ciento de los más de 50.000 refugiados en Israel proviene de Eritrea y el Sudán, países a los cuales Israel no puede llevar a cabo deportaciones por causa de los compromisos asumidos. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, a las personas provenientes de estos países se les negaba un trámite de asilo. Para la mayoría de los afectados, esto significa que no se les permite trabajar ni tampoco reciben el apoyo adecuado del Estado. Por consiguiente, muchos trabajan en empleos informales. Y es fácil comprobarlo cuando se observa quién lava la vajilla en los restaurantes y bares, quién se ocupa de la basura y quién limpia los baños.
En términos generales, estas personas se ven forzadas a valerse por sí mismas. Usualmente no están aseguradas y sus empleadores no están obligados a pagarles un salario mínimo. También se les prohíbe el acceso a la atención estatal de la salud, y lo mismo sucede con las aproximadamente 7.000 personas que fueron víctimas de maltratos en su camino hacia Israel. A menos que su vida esté en riesgo, no reciben atención médica por parte del Estado.
En la clínica abierta, el personal voluntario -generalmente israelí- examina, trata y asesora hasta a 4.000 personas por año. Entre los servicios ofrecidos se encuentran los traslados a otras instituciones para casos que requieren tratamientos complicados, así como también el asesoramiento legal y el apoyo psicológico. Además de refugiados y personas que buscan asilo, la clínica atiende asimismo a todas las demás personas que no cuentan con acceso al sistema de salud israelí, como es el caso de trabajadores migrantes sin documentos legales de estadía o palestinos y palestinas sin estatus reconocido en Israel.
Desde hace más de diez años, medico coopera con Physicians for Human Rights - Israel (PHR-IL). En el año 2013, ha apoyado a esta organización de defensa de los derechos humanos con € 55.165.
