La noche del cuatro de septiembre prometía ser una fiesta para las izquierdas en Chile y en distintas partes del mundo: la Constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, base institucional del inexpugnable neoliberalismo de la nación sudamericana, por fin, tras décadas de lucha, sería sepultada democráticamente por el pueblo en una elección histórica. Sin embargo, esa noche no hubo fiesta. La propuesta de nueva Constitución, escrita por una asamblea con mayoría de izquierdas, movimientos sociales, feministas, ambientalistas y representantes indígenas, y que recogía buena parte de las luchas antineoliberales de este ciclo, fue rechazada de manera aplastante. Trece millones de electores, equivalentes al 85% del padrón electoral, concurrieron a las urnas. Ocho millones, un 62%, votó rechazo. En todas las regiones del país, entre hombres y mujeres, en todos los grupos etarios y segmentos sociales, en los territorios de mayoría indígena, en las cárceles y en las zonas de sacrificio, el rechazo triunfó de manera contundente y fue todavía mayor en sectores populares que en sectores de clase media y alta.
Entre el estupor, la decepción y el aturdimiento, la izquierda se preguntaba qué había pasado. ¿Cómo había sido posible que el pueblo chileno, el mismo que había protagonizado una multitudinaria revuelta social en 2019, que había desafiado tenazmente la represión policial, que había votado en un 80% a favor de una nueva Constitución en el plebiscito del 2020, que había elegido a una Convención con amplia mayoría para las izquierdas y que había convertido en presidente de la república a un ex líder estudiantil como Gabriel Boric, ahora rechazara de manera tan tajante la propuesta de nueva Constitución? ¿Por qué las mujeres rechazaron una alternativa que consagraba y ampliaba ostensiblemente sus derechos? ¿Por qué los pueblos originarios rechazaron una propuesta que reconocía la plurinacionalidad del Estado y les otorgaba autonomía política? ¿Por qué los habitantes de las zonas sacrificio, aquellos que han sufrido directamente el saqueo y las consecuencias del extractivismo rechazaron una Constitución que reconocía el derecho humano al agua y promovía la protección del medio ambiente y los territorios? Para las izquierdas, que se sentían fieles representantes de los intereses del pueblo, y que estaban seguras de haber redactado una propuesta constitucional que recogía ampliamente las aspiraciones populares, estos resultados fueron un shock de realidad que todavía no logran procesar completamente.
Por otra parte, la derrota en el plebiscito fue mucho más que el rechazo a un texto constitucional. Desde una mirada estratégica, el triunfo de la propuesta, incluso más allá de sus contenidos, tenía la función de consolidar el respaldo popular a las transformaciones antineoliberales, de fortalecer a las izquierdas, a las organizaciones populares y a todo el tejido social que se activó durante la revuelta y de dar una señal de apoyo al gobierno de Gabriel Boric y a las reformas estructurales que son el corazón de su programa. Por lo mismo, la derrota tiene un peso que trasciende lo estrictamente constitucional.
Las páginas que siguen buscan ayudar a comprender por qué la propuesta de constitución antineoliberal fue rechazada de manera tan contundente. Al mismo tiempo, esta reflexión intenta retomar la perspectiva del proceso político más largo de luchas sociales, de articulación del campo popular y de surgimiento de una nueva izquierda, que es el proceso en el cual esta derrota se inserta.
La guerra sucia y el peso de la antipolítica
La derrota en el plebiscito debe entenderse como el resultado de un complejo entramado de factores con diferentes pesos específicos. Uno de ellos, y en el cual no hay duda alguna, es la verdadera guerra sucia que los promotores del Rechazo emprendieron contra la Convención Constituyente, los representantes provenientes del campo popular y contra el borrador de nueva Constitución. Campañas de desprestigio, prejuicios clasistas y racistas, mentiras y agitación de miedos fueron parte de las estrategias de un amplio abanico de actores que iba desde la ultra derecha a elementos de la centro izquierda, pasando por grupos empresariales y movimientos religiosos, que se embarcaron en la tarea de hacer fracasar el proceso.
Los promotores del Rechazo fueron muy efectivos en su capacidad de instalar la impresión de que la Convención era un verdadero circo, compuesta por gente ignorante e incapaz de escribir una Constitución. Al mismo tiempo, desplegaron una batería de mentiras que calaron hondo en los sectores populares: que la nueva Constitución no aseguraría la propiedad de la vivienda ni de los fondos previsionales, que prohibiría la existencia de colegios privados obligando a todo el mundo a estudiar en escuelas públicas, que grupos indígenas podrían independizarse y separarse del Estado y que además tendrán una justicia propia rompiendo con el principio d igualdad ante la ley. Esas mentiras e interpretaciones mañosas lograron instalarse en amplios sectores, despertando miedos y desconfianza respecto a las consecuencias negativas que podría tener la aprobación del texto. La cantidad de recursos invertidos en esta campaña muestra la envergadura de la guerra emprendida contra la nueva Constitución. Cuando faltaba un mes para el plebiscito, el Rechazo concentraba el 89% de los recursos declarados como aportes de campaña en el Servicio Electoral, a lo que se debe sumar una cifra indeterminable de dinero invertida y no declarada legalmente.
Otro elemento de peso, tal vez mayor que las fake news, fue la disposición antipolítica del grueso de los electores. Cerca de cinco millones de ciudadanos acudieron a las urnas, probablemente por primera vez, obligados por las nuevas normas electorales que impusieron el voto obligatorio. La inmensa mayoría de estos nuevos electores optaron por el Rechazo como una opción coherente con su repudio y desconfianza hacia la política. Esta actitud antipolítica es extendida en Chile y explica en buena parte los bajos niveles de participación electoral, inferiores al 50%, que se venían registrando hace más de una década. Este conjunto de nuevos votantes que se inclinó por el Rechazo no puede ser calificado como derechista, pues, hasta ahora, no ha apoyado en elecciones anteriores a la derecha. Sin embargo, es plausible la hipótesis de que la derecha extrema o populista, que tanto en Chile como en el mundo experimenta un crecimiento acelerado, estén en una mejor posición para convocar a esos sectores descontentos y azuzar discursos de odio contra migrantes, indígenas y otros sectores del pueblo.
Malestares y castigos
Junto a los elementos analizados, existe otro orden de factores que también incidió en el resultado del plebiscito. Se trata de un conjunto de malestares experimentados por la población en relación con sus condiciones de vida, y, al mismo tiempo, de un castigo tanto a la Convención como al gobierno. Se puede afirmar que la Convención se fue alejando del conjunto de la sociedad. La intensidad del trabajo constituyente, los acalorados debates que se desarrollaron, la enorme diversidad de actores presentes y las dificultades para llegar a acuerdos fueron provocando un progresivo ensimismamiento de la Convención y una enorme dificultad para vincularse con la ciudadanía. A esto se sumó la existencia de episodios lamentables (peleas sin sentido entre convencionales, agresiones verbales, escándalos, propuestas de normas completamente delirantes). La Convención, que fue una promesa de superar los vicios de la política tradicional gracias a la participación de personas que provenían de fuera de ese campo, fue percibida como más de lo mismo.
También se debe poner en la ecuación del rechazo el impacto de la situación económica del país, la inflación y la intensificación de la sensación de inseguridad en las grandes ciudades por el avance del crimen organizado. Estos elementos han cambiado el estado de animo de la sociedad. Lejos del entusiasmo y la esperanza predominantes durante la revuelta, en la actualidad son el miedo y la inseguridad los sentimientos que priman. Si en contextos de crisis los cambios se perciben como amenazas, es probable que la propuesta de nueva constitución haya sido vista como un factor de posible inestabilidad.
Por último, no puede dejar de mencionarse el impacto que tuvo el bajo nivel de aprobación del gobierno. Desde que asumió en marzo de este año, creando altas expectativas en la ciudadanía, la administración de Boric ha visto caer su popularidad de manera pronunciada. Esta decepción con el gobierno se debe en parte a la gravedad de los problemas que el país enfrenta y que no son de rápida solución, así como a las dificultades para implementar las reformas de su programa. En estas condiciones, el voto Rechazo fue también un voto de castigo al gobierno.
Desenfoques y espejismos
Ahora bien, la aplastante derrota de una propuesta constitucional escrita por una Convención con una mayoría de integrantes de izquierda y progresista impone la necesidad de una autocrítica honesta. La izquierda cometió errores no solo dentro de la Convención, sino también en su lectura del momento político y la subjetividad del campo popular que creía representar. La última década, pero sobre todo los últimos cuatro años, se han visto emerger inéditas movilizaciones de masas y celebrado significativas victorias electorales, impensables pocos años atrás. La irrupción del feminismo, la envergadura de la revuelta popular, la composición de la Convención Constituyente y, finalmente, la elección de Gabriel Boric, fueron los hitos que produjeron en algunos sectores la ilusión de estar en medio de un proceso lineal e irreversible de superación del neoliberalismo. De este modo, una izquierda afectada de ceguera triunfalista, convencida de correr con viento a favor, no fue capaz de leer con lucidez los signos que anunciaban no solo una derrota probable en el plebiscito, sino, sobre todo, la complejización del escenario político y social, como el crecimiento acelerado de la derecha extrema -recordemos que el candidato ultraderechista José Antonio Kast ganó la primera vuelta presidencial-, del populismo antipolítico, y, en general, la existencia de un estado de ánimo social afectado por la crisis económica, la inflación y la inseguridad, muy distinto al que reinaba en los días de la revuelta popular.
Por otra parte, en el campo de las izquierdas, la excepcionalidad del momento político produjo distorsiones en la apreciación de la realidad del país y del pueblo chileno que llevaron a descuidar la necesidad de hablarle a las grandes mayorías populares y no a los nichos de militantes convencidos. La composición de la Convención creó un espejismo que la izquierda no supo calibrar. Efectivamente, en el órgano constituyente hubo una mayoría de integrantes compuesta por activistas sociales, ambientalistas, feministas, pueblos indígenas, dirigentes de territorios y barrios populares y militantes de la izquierda y el progresismo. La derecha, al contrario, se hallaba reducida a una expresión mínima y la centroizquierda tradicional también resultó debilitada. Nunca un órgano de elección popular había tenido una composición tan favorable a los intereses populares. Nunca representantes del pueblo habían tenido la posibilidad de estar en el centro de la política y de escribir una Constitución. Nunca antes una mujer mapuche, como Elisa Loncón, había presidido una institución de la República. Todo eso era impresionante, sin embargo, no se dimensionó que la composición política de la Convención no coincidía de manera exacta con la orientación del conjunto de la sociedad. Por ejemplo, que la derecha haya obtenido resultados marginales no significaba que en la sociedad su poder no existiera. Al revés, la significativa presencia de la izquierda en la Convención no significaba una adhesión social al ideario antineoliberal. Además, se debió tomar en cuenta que la elección de convencionales fue una de las que registró un porcentaje de participación más bajo en la historia reciente: votó solo el 42% del padrón, es decir, votaron sectores concientes mientras que el grueso de la sociedad se mantuvo al margen.
Desencuentros con el pueblo
Además de los elementos señalados, la izquierda demostró un insuficiente conocimiento del campo popular cuyos intereses creyó estar representando. La distancia entre el pueblo que se levantó en octubre de 2019 y la izquierda que ingresa a la convención, que proviene de movimientos sociales y partidos, que lleva largos años de lucha contra neoliberalismo, es ancha. Si una ilusión se quebró con los resultados del plebiscito es aquella que confiaba en que la izquierda, sobre todo la proveniente de movimientos territoriales, ambientalistas y feministas, era capaz de representar mejor que “los políticos” los intereses populares.
Esa desconexión incapacitó a las izquierdas a comprender el valor que amplios sectores sociales le otorgan a la protección de la propiedad privada y la reacción que provocó el miedo a perder bienes alcanzados gracias al esfuerzo personal y familiar. El temor a perder la propiedad de la vivienda, fue un ejemplo claro de ello. Algo similar ocurrió con la promesa de un Estado social y democrático de derecho, garante de derechos sociales universales y con un rol protagónico en la provisión de servicios. Esta promesa también fue experimentada con temor. Se asoció a la posibilidad de que se eliminara la provisión privada de salud y educación y la obligación de acudir a servicios públicos-estatales. Considerando que la experiencia de derechos universales en Chile es inexistente, y que los servicios públicos son de mala calidad y están destinados a la población pobre, la propuesta de derechos sociales con un rol protagónico del Estado provocó más bien desconfianza y temor.
La izquierda no tuvo la capacidad de leer de forma adecuada la subjetividad, las expectativas y los temores de la mayoría del pueblo chileno. El deseo de protección social y al mismo tiempo de libertad individual, de derechos sociales y de protección de la propiedad privada y el esfuerzo personal, de desconfianza hacia lo público y el Estado. Este déficit de conocimiento y comprensión le pasó una cuenta muy cara a la izquierda en esta ocasión.
Entre la restauración y la rearticulación
La derrota del Apruebo ha tenido consecuencias inmediatas en el escenario político. La derecha ha aprovechado el momento para desplegar un agresivo asedio al gobierno de Gabriel Boric, amenazando con bloquear las reformas y frustrar así el desarrollo del programa de gobierno que prometía importantes cambios en el sistema tributario, de pensiones y de salud. Si el gobierno no logra llevar adelante estas transformaciones va a generar enorme descontento entre la ciudadanía y esto pavimentará el camino a un posible triunfo de la derecha en las próximas elecciones. Al mismo tiempo, después del plebiscito se han producido reordenamientos al interior del Ejecutivo con un avance de la ex Concertación (coalición progresista que condujo la transición a la democracia y antigua antagonista de Boric y la nueva izquierda) provocando el distanciamiento de movimientos sociales y sectores de izquierda que ven con preocupación el peligro de que el gobierno abandone su vocación transformadora y termine defraudando las expectativas populares.
En lo que respecta a la continuidad del proceso constituyente, después de cien días de negociaciones, las fuerzas políticas con representación parlamentaria arribaron a un acuerdo que podría dar luz verde a un nuevo órgano redactor. Sin embargo, la propuesta está atravesada por elementos abiertamente antidemocráticos y de excesiva tutela por parte de los poderes constituidos. El acuerdo fue suscrito desde el Partido Comunista a la Unión Demócrata Independiente (de derecha) y debe ser ratificado por la Cámara de Diputados y por el Senado por 4/7 de los votos. Desde sectores de izquierda, esto ha sido duramente criticado y calificado como un retroceso para la democracia y la soberanía popular y algunos movimientos anunciaron que no participarán de este nuevo proceso. Los partidos del gobierno apelan en cambio a la responsabilidad y a la necesidad de disputar los contenidos de la nueva Constitución, a pesar del escenario adverso y la desfavorable correlación de fuerzas, afirmando que todavía hay posibilidades de avanzar en la construcción de un Estado social y democrático de derecho y avanzar en esa dirección.
La etapa que se abre tras la derrota de septiembre es dolorosa para las izquierdas y los movimientos sociales que tuvieron la ilusión de haber elaborado una propuesta que representaba los intereses populares y que finalmente se estrellaron contra la realidad. Quizás una de las lecciones más importante de esta derrota es que no hay procesos lineales ni atajos posibles en el camino de salida del neoliberalismo y que sigue quedando un largo trecho por delante. Por lo pronto, el momento de movilización social masiva que se inició en 2019 parece haberse cerrado y no es factible prever cuándo podría reactivarse la protesta callejera. Lo que sí es claro es que precisamente en los tiempos de reflujo de la acción de masas, los sectores organizados del pueblo son los que deben defender posiciones y hacer avanzar los intereses populares. Por eso, a pesar de que ya no corre con viento a favor, la izquierda chilena tiene el desafío de levantar la cabeza, articularse y continuar.
