Comenzó con un levantamiento, ahora Chile tiene una nueva constitución. ¿Se superará el neoliberalismo en uno de sus lugares de nacimiento? En el Diario Chileno, Pierina Ferretti y el colectivo Nodo XXI informan sobre la evolución del proceso constitucional.
En Chile las últimas semanas hemos tenido intensas jornadas de conmemoración y lucha. El pasado 18 de octubre se cumplieron dos años del comienzo de la revuelta popular que nos tiene hoy en pleno proceso constituyente. Ese día, en las principales calles y plazas del país miles de personas se congregaron mientras en la Convención Constitucional, ubicada a pocas cuadras de la Plaza Dignidad, epicentro de la revuelta, Elisa Loncón, líder mapuche que preside la asamblea, daba inicio a la sesión con las siguientes palabras: “Hoy esta Convención, que es hija de los anhelos y la movilización de los pueblos, comienza un diálogo esperado por décadas, quizás por siglos. Este 18 de octubre, a dos años del despertar del nuevo Chile, damos rienda suelta a la imaginación. Son momentos hermosos en los que nos toca vivir e imaginar lo común para nuestra vida y para las vidas que vendrán”.
Las calles tomadas nuevamente por manifestantes y una mujer mapuche a la cabeza de la Convención Constitucional, sintetizan lo central de estos dos años transcurridos desde el inicio de la revuelta popular. La masiva movilización de ese día fue un recordatorio de que a pesar de la aparente interrupción de la rebelión y del reflujo de las protestas callejeras producto de la pandemia, la revuelta popular sigue viva y los pueblos que habitan Chile están todavía en pie de lucha.
Luego de dos años de este proceso en curso, es posible realizar ciertos balances y nos ha parecido pertinente concentrar el análisis en tres aspectos: la crisis de derechos humanos que se extiende hasta el día de hoy, el desafío de mantener la determinación popular en la política y el estado de las izquierdas ante la posibilidad de ser gobierno y frente a la necesidad de articular un bloque antineoliberal capaz de sostener las profundas transformaciones que reclaman los pueblos en Chile.
La impunidad que amenaza al nuevo Chile
A dos años del inicio de la revuelta popular, el balance en materia de derechos humanos es desolador. Se debe recordar que la represión desatada por el gobierno de Sebastián Piñera derivó en la crisis de derechos humanos más grande que se haya registrado en el país desde la dictadura de Pinochet. Informes realizados durante los primeros meses de la revuelta por Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, coincidieron en señar que en Chile estaban ocurriendo violaciones a los derechos humanos graves, masivas y reiteradas en el tiempo. Uso excesivo o innecesario de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, tortura, disparos a los rostros de los manifestantes, detenciones arbitrarias, simulacros de ejecuciones, golpizas, vejaciones a niños, niñas y adolescentes, violaciones y abusos sexuales, desnudamientos forzados, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual, fueron prácticas sistemáticas de las fuerzas de orden. El resultado de esta política represiva es de más de una treintena de muertos, cerca de quinientas personas con traumas oculares -los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay que perdieron sus ojos producto del actuar de la policía son emblemáticos- y más de ocho mil denuncias por violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con un reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la fecha se constatan avances casi nulos en materia de justicia, reparación y garantías de no repetición. Por ejemplo, de las 3.072 querellas presentadas por la institución, solo 70 han derivado en formalizaciones de imputados y se han decretado nada más que 4 sentencias condenatorias, cifra que representa el 0,03% de los casos. La situación es particularmente grave para niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el informe Verdad, Justicia y Reparación: Estado de avance de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a dos años del estallido social, también presentado estos días, un total de 1.314 niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto del estallido social y sólo una causa ha terminado con sentencia condenatoria. Además, las víctimas de trauma ocular y otros daños graves causados por agentes del Estado no han recibido una reparación oportuna y suficiente. Existen casos de personas han sido requeridas para devolver sus prótesis oculares a los proveedores porque el Ministerio de Salud no ha realizado los pagos correspondientes. Corona este panorama la existencia todavía de prisioneros políticos, mantenidos hace casi dos años en prisión preventiva y sin garantías de un debido proceso. Diversos organismos derechos humanos, nacionales y extranjeros, han denunciado el uso injustificado de esta medida de fuerza, comprensible solo en el marco de una operación de amedrentamiento y criminalización de la protesta social. Hoy se encuentra en discusión un proyecto de ley de indulto general, pero su aprobación en el Congreso no está garantizada.
El balance en materia de derechos humanos es preocupante y constituye una amenaza para el proceso abierto por la revuelta popular. Se debe tener en consideración que la transición democrática que comenzó tras la dictadura de Pinochet se construyó sobre la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante esos 17 años de autoritarismo. Esa impunidad está en la base de todas las demás formas de abuso y maltrato a la población, como la negación de derechos sociales necesarios para una vida digna, que se extendieron durante las últimas décadas. Hoy, la amenaza de la impunidad se cierne sobre el proceso político que se desarrolla en Chile y la historia reciente muestra que una verdadera democracia no puede construirse desde el terror y la impunidad, ni arrastrar cuentas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación.
A pesar de las desalentadoras cifras que existen a dos años de comenzada la revuelta popular, la confianza en que las luchas contra la impunidad se mantendrán firmes radica la larga tradición de luchas por la defensa de los derechos humanos que existe en el país, en la labor de las organizaciones populares y en la insistencia del pueblo que movilizado que no ha dejado abandonadas a las víctimas.
El protagonismo popular contra la política elitaria
Además de la impunidad, otro fantasma amenaza el proceso chileno: el peso de la política elitaria que busca negar al pueblo el derecho a determinar su destino. La transición a la democracia, conducida principalmente por partidos de centro-izquierda, practicó una sistemática exclusión de los intereses populares y del propio pueblo como sujeto político. Se alzó el imperio de los técnicos y se instaló la idea de que la política era un asunto para expertos. La revuelta de octubre de 2019 trajo de vuelta el protagonismo popular. La presión del pueblo movilizado logró romper los sólidos cerrojos antidemocráticos contra los que chocaron todos los ciclos anteriores de protesta social. Fue la presión popular la que hizo posible la apertura del proceso constituyente y la elección como convencionales de un elevado porcentaje de activistas y luchadores sociales que nunca habían estado en la política institucional. Con la revuelta y el proceso constituyente en curso, se fracturó la política a puertas cerradas de las elites.
Sin embargo, el campo popular que se levantó hace dos años, todavía se encuentra fragmentado y disperso, con bajos niveles de constitución política. La Lista del Pueblo, agrupación de candidatos independientes provenientes del campo popular y con un fuerte discurso contra los partidos tanto de derecha como de izquierda, no tardó es desarmarse producto de sus tensiones internas y de algunos escándalos protagonizados por convencionales de sus filas. Y si bien una parte de este esfuerzo se reagrupó, las dificultades de articulación del campo popular son evidentes. No es fácil que sectores del pueblo que durante casi medio siglo habían estado excluidos de la política, se organicen de manera relativamente estable y puedan sortear las enormes dificultades internas y las impuestas por las clases dominantes.
Aumentar la capacidad de determinación de los sectores populares en la política, en las decisiones, en las orientaciones generales de la sociedad, es una tarea crucial de este nuevo ciclo político y la Convención Constitucional es un campo de entrenamiento y de ensayo para el campo popular.
Entre la administración y la transformación. Los dilemas de las izquierdas.
Desde el comienzo de la revuelta se hizo evidente que las izquierdas políticas, tanto las de larga tradición, como el Partido Comunista, como las de creación reciente, como el Frente Amplio, no representan a una buena porción del pueblo que se movilizó. Tampoco los movimientos sociales más consolidados, como el movimiento sindical, lograron articular una conducción efectiva. Más aún, cuando avanzó el proceso constituyente, los sectores del pueblo que se reconocían como legítimos representantes de la rebelión popular, se organizaron por fuera de las izquierdas sociales y políticas. Su expresión más articulada fue la ya mencionada Lista del Pueblo.
Sin embargo, y a pesar de los límites de las izquierdas existentes, una parte de la población sí se siente convocada por el proyecto representado por Apruebo Dignidad, conglomerado conformado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que logró una exitosa votación de constituyentes y convocar a más de un millón y medio de personas en las primarias que enfrentaron a Daniel Jadue, militante comunista, y a Gabriel Boric, ex líder estudiantil y militante del Frente Amplio, quien resultó triunfador transformándose en el candidato presidencial de la coalición para las elecciones que se celebrarán el próximo 21 de noviembre. Las posibilidades de un futuro gobierno de izquierda imponen enormes desafíos al bloque que en su interior aloja posiciones diversas: aquellas que apuestan por transformaciones profundas y por producir una ruptura en la política de la transición y aquellas que sostienen posiciones más cercanas a la continuidad con la herencia de los últimos treinta años y a la administración del modelo con cambios superficiales. Por otro lado, las concepciones elitarias de la política también tienen eco en sectores de la izquierda y del progresismo que desconfían de la capacidad política del pueblo y del necesario protagonismo popular. En esa dirección, en estos meses de funcionamiento de la Convención Constitucional se ha observado una tendencia del Frente Amplio a privilegiar articulaciones con sectores de la vieja Concertación por sobre un fortalecimiento de su alianza con el Partido Comunista y la apertura de puentes con los movimientos sociales, pueblos originarios y otros sectores del campo popular, cuando es precisamente con estas franjas que es posible articular una izquierda amplia.
Para salir del neoliberalismo es absolutamente necesaria la conformación de un nuevo bloque histórico, heterogéneo, incluso contradictorio, pero capaz de empujar y de sostener las transformaciones profundas que Chile necesita, y que ya están siendo resistidas por las elites neoliberales. La Convención Constitucional es un escenario donde ese nuevo bloque histórico puede ser ensayado y un eventual gobierno de Apruebo Dignidad tendrá que conquistar la confianza de esas franjas del pueblo que tienen razones de sobra para desconfiar de la política, incluso de la izquierda. Lo que aparece claro, es que la oligarquía neoliberal hará lo posible por hacer fracasar el proceso constituyente, por desestabilizar un eventual gobierno de izquierda y por impedir la unidad de las clases subalternas. En ese escenario, avanzar en la unidad política del pueblo y activar todos los espacios en que puedan ensayarse articulaciones posibles, se convierte en una tarea central para sostener las luchas contra el neoliberalismo en Chile.
Con todo, y a pesar de que los resultados del proceso constituyente y de las próximas elecciones no están asegurados, a dos años del inicio de este nuevo ciclo hay razones para pensar que no hay vuelta atrás y que la política de espaldas a los pueblos llegó a su fin gracias a la fuerza de la movilización popular.
