Comenzó con un levantamiento, ahora Chile tiene una nueva constitución. ¿Se superará el neoliberalismo en uno de sus lugares de nacimiento? En el Diario Chileno, Pierina Ferretti y el colectivo Nodo XXI informan sobre la evolución del proceso constitucional.
Hasta octubre de 2019, Chile era presentado como un caso ejemplar de neoliberalismo exitoso. Las elites dominantes exhibían con orgullo el orden que reinaba en el país y el efectivo disciplinamiento de la población. Sin embargo, un alza de 0,04 USD en el pasaje del tren subterráneo en la ciudad de Santiago, hizo estallar por los aires esta imagen y desencadenó un vertiginoso proceso de irrupción popular que sigue abierto. Los comicios celebrados el pasado 15 y 16 de mayo para elegir concejales, alcaldes, gobernadores regionales y los 155 encargados de redactar la Constitución que reemplazará aquella que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet, son el hito más reciente y sus resultados alteraron sustantivamente el mapa de fuerzas en la nación sudamericana.
Esta irrupción del campo popular ha puesto en jaque la política elitaria en un país que ha experimentado una sistemática descomposición de su democracia por efecto de la captura neoliberal; porque en Chile el neoliberalismo ha funcionado como un sistema de acumulación por despojo de territorios y mercantilización de la reproducción social, pero también, y sobre todo, por desposesión política del pueblo, por la negación permanente del derecho de las mayorías a elegir democráticamente el destino colectivo y por una continua exclusión de los grupos subalternos y de sus intereses en la toma de decisiones. Los efectos saltan a la vista: Chile es el único país del mundo en que el agua se encuentra completamente privatizada y se transa como una mercancía cualquiera; el 1% de la población más rica concentra el 26% del PIB, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accede solo al 2,1% de la riqueza; empresas privadas reciben subvenciones del Estado para prestar servicios en salud, educación y pensiones, y obtienen millonarias ganancias.
Bajo estas condiciones, impuestas por la dictadura y profundizadas por los gobiernos civiles posteriores, casi todos de centro-izquierda, la política, entendida como herramienta para la conquista de derechos, representación de intereses y consecución de mejores condiciones de vida, dejó de tener sentido para la inmensa mayoría de los habitantes del país. Las cifras son elocuentes: en las presidenciales de 1989, que inauguraban el regreso a la democracia, votó el 87% de la población en edad para sufragar, mientras que en las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, solo el 43% del padrón acudió a las urnas. Cuarenta años de captura neoliberal de la política no pasan en vano.
La revuelta popular que abrió el horizonte
Al contrario de lo que las élites dirigentes pregonaban por el mundo, en Chile no reinaba la paz. La revuelta de octubre, que sorprendió por su carácter explosivo y de masas, estuvo antecedida por una serie de movilizaciones sociales cuya cantidad e intensidad se venía incrementando de forma ininterrumpida en los últimos años. La resistencia del pueblo-nación mapuche frente a la usurpación de sus territorios por parte de la alianza estatal-empresarial; las movilizaciones estudiantiles de los años 2001, 2006 y 2011 que instalaron la demanda por la educación pública y gratuita; el movimiento por un sistema solidario de pensiones; la luchas contra el extractivismo y por la recuperación del agua; las huelgas de trabajadores precarizados del Estado y del sector privado; y la emergencia de un movimiento feminista de proporciones inéditas, fueron claras expresiones del malestar social que se estaba acumulando en Chile y anunciaron la disposición, cada vez más extendida, a la rebeldía colectiva.
Lo que sucede en octubre forma parte de estos ciclos de protesta, pero constituye, al mismo tiempo, un punto de inflexión. Esta vez no fueron sectores específicos de la sociedad los que se movilizaron, sino que era la sociedad misma en movimiento, una inmensa mayoría popular. Si los movimientos anteriores, aún los más masivos, no habían alcanzado un carácter general, en octubre de 2019 es precisamente eso lo que ocurre. Además, las protestas se produjeron de forma absolutamente espontánea, sin mediación de las organizaciones sociales y políticas que tradicionalmente habían representado los intereses de las clases subalternas. En las calles no había banderas de sindicatos, ni del Partido Comunista, ni del Frente Amplio, pero flameaban por todas partes las del pueblo mapuche y las de los principales equipos de futbol. En las concentraciones masivas no se formaban bloques compactos marchando ordenadamente hacia algún punto determinado, no había escenarios, ni oradores, ni líderes. Cuarenta años de neoliberalismo también provocaron el debilitamiento de las organizaciones históricas de los trabajadores y modificaron profundamente la composición social del país, al punto de que los conflictos y contradicciones del Chile actual son expresados de manera mucho más efectiva por el feminismo y los movimientos socioambientales, que por los sindicatos y los partidos de izquierda. Esto marca también el agotamiento de una manera de mirar el alcance de los movimientos de la sociedad que ha predominado en algunos sectores de las izquierdas. El carácter general que adquieren conflictos o problemas que hasta hace unos años atrás podían considerarse locales o sectoriales -medioambientales o cuestiones como la desigualdad de género-, su capacidad de movilizar socialmente a franjas tremendamente amplias de la población, obliga a reelaborar esa idea de “lo social” como parcialidad y “lo político” como totalidad que ha estado a la base de buena parte de las lecturas elaboradas desde el campo de las izquierdas. Hoy, como podemos ver en Chile, son esos conflictos los que han adquirido un carácter general y los actores que se han organizado en torno a esas luchas representan una proporción importante de los nuevos sujetos que ingresan a la disputa política.
Un nuevo ciclo político
La revuelta popular marcó la irrupción del pueblo chileno en la escena política y la apertura de un nuevo ciclo. A partir de allí, se han acentuado rasgos que ya se venían observando en las últimas décadas, como el retroceso del clivaje “izquierda/derecha” y la predominancia de la polaridad “pueblo/elite”, elemento que fue central en la revuelta y en las dos elecciones que han acontecido desde entonces. En el plebiscito de octubre de 2020, el 80% de los electores se pronunció a favor de cambiar la Constitución de Pinochet y de que el órgano encargado de redactar la nueva carta fundamental estuviera compuesto únicamente por representantes electos para ese propósito y no, como planteaban los sectores más reacios a las transformaciones, por un 50% de parlamentarios y un 50% de personas electas, lo que confirmó que una enorme mayoría de la población estaba por los cambios y rechazaba a las elites políticas. La elección realizada hace dos semanas, profundizó esas tendencias con resultados que pocos años atrás habrían sido impensables: dirigentes medioambientales, activistas feministas, candidatos independientes y el pacto entre el Partido Comunista y el Frente Amplio desplazando a los partidos que hegemonizaron la política las últimas tres décadas.
En la elección de constituyentes, la derecha, que se había empeñado en obtener un tercio de los escaños para ejercer veto, solo llega a un 20% y queda sin capacidad de frenar iniciativas. La ex Concertación -coalición de centroizquierda que ha gobernado cinco veces desde 1990- se sitúa por debajo de la derecha, de la izquierda y de grupos independientes, con 25 representantes. Resulta particularmente ilustrativo el desfonde de la Democracia Cristiana, que fuera en el pasado el partido más relevante de la transición a la democracia y que en esta oportunidad solo logra un militante electo. Gran derrota para los partidos tradicionales. El pacto entre el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), que incluyó a una considerable cantidad de candidatos provenientes de movimientos sociales, celebró una victoria tras obtener 28 escaños en la Convención Constitucional y triunfos notables a nivel local y regional. Rodrigo Mundaca, activista por la desprivatizavión del agua, se convirtió en gobernador de la región de Valparaíso apoyado por el Frente Amplio. Irací Hassler, militante del Partido Comunista, derrotó a la derecha y conquistó la alcaldía de Santiago. Con estos resultados, la alianza entre el PC y el FA se proyecta favorablemente a las parlamentarias y presidenciales que tendrán lugar en noviembre de este año.
Otro de los elementos inéditos de esta elección, además de la paridad de género, fueron los escaños reservados para pueblos originarios, condición que se aseguró luego de fuertes tensiones y de la tozuda oposición de la derecha. La mayoría de los 17 convencionales electos por este sistema son reconocidos dirigentes y líderes de sus comunidades. Destacan la joven abogada Natividad Llanquileo, que ha sido vocera de los prisioneros políticos mapuche, y la machi Francisca Linconao, autoridad espiritual que hace años atrás fue encarcelada producto de un montaje policial. La participación de los pueblos originarios, en un país estructuralmente racista y colonial, abre la posibilidad de avanzar hacia un Estado plurinacional que reconozca su autonomía y derecho a la autodeterminación.
Ahora bien, la mayor novedad estuvo en los resultados obtenidos por los independientes. Es preciso señalar que por primera vez candidatos que no pertenecen a partidos políticos pudieron agruparse en listas y competir en condiciones menos desiguales. Esta posibilidad produjo una avalancha de candidaturas y una enorme diversificación de la oferta electoral. De las 79 listas que se presentaron, 74 fueron de independientes y de los 155 constituyentes electos, 88 (un 57% de la Convención) pertenecen a esta categoría. Dentro de este universo altamente heterogéneo, la gran sorpresa fue la llamada “Lista del Pueblo”, que logró 26 escaños, superando a la ex Concertación y quedando muy cerca del Partido Comunista y el Frente Amplio. Esta lista agrupó a una enorme diversidad de actores: dirigentes territoriales de base, ambientalistas y figuras que se hicieron conocidas en la revuelta popular, y con un discurso centrado en el repudio a las elites económicas y políticas, logró atraer a sectores de la población que anhelan transformaciones pero que rechazan tajantemente a los partidos.
Este mapa no estaría completo si no se mencionara la enorme abstención que se mantiene en Chile. En esta elección, ocurrida en el marco de un proceso de emergencia popular, y en la que habían numerosas alternativas a los partidos tradicionales, un 60% del electorado no acudió a las urnas, lo que indica que todavía una franja mayoritaria de la sociedad no ha vuelto a creer en la utilidad de la política. Que esta situación se revierta dependerá en gran medida del desarrollo del proceso constituyente y de cómo se enfrenten las próximas elecciones de este año: segunda vuelta de gobernadores regionales, parlamentarias y presidenciales. El escenario está todavía muy abierto, pero los resultados de los comicios recién pasados alimentan la esperanza en que esta recuperación de la democracia que está ocurriendo en Chile gracias a la movilización popular, ponga fin a 40 años de desposesión neoliberal.
